El PP ha recurrido ante el Tribunal Constitucional los reales decretos leyes de igualdad en el ámbito laboral, en el que se establece la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad, y el que regula los contratos de alquiler de vivienda porque, entre otros motivos, aportan datos y fórmulas "enteramente falsas".

Tras el anuncio dado por el líder de los populares, Pablo Casado, el PP ha informado por medio de una breve nota de prensa de que los recursos de inconstitucionalidad que finalmente ha presentado en el alto tribunal son dos.

Cuestiona en ambos "la extraordinaria y urgente necesidad" que la Constitución marca como requisitos para que el Gobierno dicte reales decretos leyes.

Hace unas semanas, tras adelantarlo el diario El Mundo, el PP confirmó que su intención era recurrir los decretos leyes que estaba aprobando el Gobierno de Pedro Sánchez en los Consejos de Ministros de los viernes, tras hacerse oficial la convocatoria electoral.

Ayer la Diputación Permanente del Congreso los convalidó, es decir, los ratificó. El PP fue el único grupo parlamentario que votó en contra de todos ellos, seis en total, incluido el del "brexit".

Un día después, Casado, quien este jueves ha visitado Las Palmas de Gran Canaria, ha anunciado que el PP recurrirá los decretos, que ha tildado "abertzales" porque uno de los grupos que los apoyó fue Bildu.

Fuentes del Partido Popular han incidido a Efe en que su oposición a los decretos no tiene nada que ver con el contenido, sino con la "urgencia política" que el Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido para sacar adelante una serie de medidas en periodo electoral "con dinero que pagan" los ciudadanos.

Sobre el real decreto-ley para la igualdad en el ámbito laboral entre hombres y mujeres, los populares creen que "no se ha justificado su uso" por la vía de "extraordinaria y urgente necesidad" y que en el contenido el Gobierno incurre en "imprecisiones y falsedades".

Cita como ejemplo que en el preámbulo el Ejecutivo sostiene que la brecha salarial no ha menguado durante los últimos años cuando los datos de Eurostat indican lo contrario, según los populares.

El partido de Pablo Casado recalca que la diferencia salarial entre hombres y mujeres se ha situado en España en el 15,1 por ciento, en tanto que la media europea se va al 16,3 por ciento.

Argumenta que los decretos leyes deben abocar a una modificación inmediata de la situación jurídica existente, lo que no ocurre en algunos preceptos del decreto pues en ellos se habla de "aplicación paulatina".

Sin ir más lejos, en el decreto, el Gobierno plantea la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad paulatinamente hasta llegar al 1 de enero de 2021; a partir de entonces tendrán la misma duración.

Respecto del decreto del alquiler, el PP considera que en la exposición de motivos el Ejecutivo se limita a "la mera cita de porcentajes descontextualizados" y en "afirmaciones sin verdadera base estadística" para justificar la urgente necesidad.

Sostienen los populares que mencionar en el decreto que ha habido "una intensa subida de precios en varias provincias" es una afirmación "falsa" y que los términos en los que alude a los lanzamientos de arrendatarios son manifestaciones "incompletas".

En definitiva, para el PP, la exposición de motivos de ambos decretos recurren a "fórmulas huecas y vacías, cuando no enteramente falsas", y por ello, no pueden sustentar la aprobación de las medidas incluidas y la habilitación de un presupuesto para llevarlas a cabo.