El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) imputó ayer a Joaquim Torra por desobedecer la orden expresa de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos de los edificios públicos, tras admitir a trámite una querella de la Fiscalía presentada contra el presidente catalán la pasada semana.
El instructor de la causa será Carlos Ramos, el único juez de la sala civil y penal del TSJC designado a propuesta del Parlament, que ya formó parte del tribunal que enjuicio al expresident Artur Mas por la pseudoconsulta del 9 de noviembre de 2014.
Torra informó en un tuit de que había firmado la notificación de la querella y advirtió: "Ante un Estado autoritario, hemos decidido vivir sin miedo. Con la libertad de expresión, hasta las últimas consecuencias".
En su querella, el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, acusa a Torra de desatender "reiteradamente" las órdenes de la JEC cuando mantuvo simbología "partidista" en edificios públicos, lo que en su opinión reviste "especial gravedad en cuanto incide directamente en el derecho de participación política de la totalidad de la ciudadanía".
La Fiscalía añade en su querella que el presidente catalán desoyó "consciente y deliberadamente" el requerimiento "claro y expreso" emitido por la Junta y mantuvo los elementos que ésta le pedía retirar, "aunque fuera de manera encubierta y simbólica".
La Fiscalía recuerda que fue una denuncia de Cs del pasado 11 de marzo la que dio pie a que la JEC dictara un acuerdo que daba a Torra un plazo de 48 horas para retirar las banderas "estelades" y los lazos amarillos.
Aunque en la resolución se advertía "expresamente" de que el acuerdo era firme, Torra presentó un escrito ante la Junta para que reconsiderase su acuerdo, lo que ésta desestimó dictando una nueva resolución que, con fecha 18 de marzo, le reiteraba su obligación de mantener la "imparcialidad" de los centros públicos, sostiene la el ministerio público.
No obstante, según consta en la la querella, el president Torra optó por mantener los símbolos, sin que su "reiterada negativa a dar cumplimiento" a lo resuelto por la Junta pueda quedar "enmascarada" por una "supuesta voluntad de acudir a otros órganos informantes, que carecen de cualquier competencia para terciar en la cuestión", en alusión al informe del Síndic de Greuges.
