La Fiscalía está de acuerdo en imputar a un decena de personas que votaron en las escuelas Pau Claris y Mediterrània de Barcelona, durante la jornada del 1-O, al apreciar que ejercieron una oposición "obstinada, persistente y reiterada", con una "voluntad rebelde", a los policías que trataban de impedir la votación en cumplimiento de un mandato judicial.

Así consta en un escrito en el que la Fiscalía se adhiere a la petición del Sindicato Profesional de la Policía para que la Audiencia ordene imputar a votantes que protagonizaron "sentadas" en colegios que acogían urnas, en la causa que investiga a una treintena de policías nacionales por las cargas del 1-O en Barcelona,.

También la Abogacía del Estado se ha adherido al recurso presentado por el sindicato policial y ha pedido que se impute a una cuarentena de votantes que denunciaron haber sufrido lesiones en las cargas de la Policía Nacional para impedir el referéndum.

La Fiscalía cree que hay indicios de su participación en los delitos de resistencia y desobediencia grave en el caso de nueve de los concentrados en la escuela Pau Claris y a otro del centro Mediterrània de la capital catalana.

Tras conocer la noticia, el presidente catalán, Joaquim Torra, anunció que el Govern se personará para defender a los votantes. Atribuyó la investigación a una campaña del miedo y agregó: "Esto no lo podemos tolerar".

Por otro lado, el reciente informe del Tribunal de Cuentas que critica la acción exterior del Govern, tanto las "embajadas" catalanas como el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, recibió ayer un voto particular de una consejera que en su día fue propuesta por el PSOE en el Senado. Según "El País", María Dolores Genaro entiende que algunos aspectos no están suficientemente acreditados.