El excomisario José Villarejo atribuye a una "investigación policial" la documentación sobre Pablo Iglesias encontrada en su poder. Aunque no identificó la procedencia, con este reconocimiento, ayer ante el juez de la Audiencia Nacional, Villarejo apunta a la actividades de la denominada "policía patriótica", que operó durante el período en que Jorge Fernández fue ministro del Interior y que se dedicó al espionaje de rivales políticos del PP. Al frente de la Policía Nacional se encontraban en aquel momento Ignacio Cosidó y Eugenio Pino, ambos ahora fuera de las listas electorales del PP.

Villarejo permanece encarcelado desde hace más de un año al imputársele 14 delitos, entre ellos cohecho y organización criminal. Atendiendo a su solicitud de declarar sobre los atentados del 11-M, ayer fue trasladado a la Audiencia Nacional desde la prisión de Estremera. La información que aportó sobre los atentados fue solo "conjetural", según fuentes citadas por Efe. El juez Manuel García-Castellón aprovechó para interrogar al excomisario, junto a los fiscales del caso Tándem, sobre la documentación que se le intervino procedente del teléfono sustraído a una colaboradora de líder de Podemos en 2016. Dina Bousselham, la titular del móvil robado en cuya tarjeta de memoria estaba la documentación localizada en poder de Villarejo, fue asistente de Iglesias durante su etapa de europarlamentario y pasó a integrar el equipo personal del líder de Podemos a su regreso a España.

Antonio José García Cabrera, el abogado del excomisario, aseguró que en la declaración ante el magistrado Villarejo sostuvo que esa documentación procedía de "una investigación policial". "Es una cuestión interna personal y no es una operación política", afirmó el antiguo policía, quien no aclaró, sin embargo, cómo llegó a sus manos esa documentación. "Villarejo no ha hecho ningún robo de ningún material", defendió su letrado, quien considera que "deberían preguntarse de dónde salió ese pendrive y cómo se vehiculizó".

Pablo Iglesias y su antigua asistente están personados como perjudicados en la décima pieza del caso Villarejo.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegura que llegó el momento de pedir "responsabilidades políticas" a la anterior cúpula del departamento por sus posibles vínculos con la actividad delictiva de excomisarios. "Es una vergüenza que se hayan podido supuestamente utilizar instituciones del Estado con fines absolutamente abyectos", afirmó ayer Grande-Marlaska respecto a la investigación a Iglesias.