Los Mossos tendrán que retirar los lazos de Torra, denunciado a la Fiscalía

Los Mossos tendrán que retirar los símbolos independentistas que cuelgan de las fachadas de los edificios institucionales catalanes antes de las tres de la tarde de hoy. La Junta Electoral Central (JEC) ordenó ayer la eliminación de lazos y esteladas y denunció al president Joaquim Torra ante la Fiscalía por un posible delito de desobediencia. Acuerda además abrir un expediente sancionador contra el jefe del Govern, diez días después de que le instara a suprimir esos elementos de los locales públicos.

Torra culminó ayer las sucesivas dilaciones ante la primera resolución de la JEC con un intento de burlar la orden de retirar los lazos amarillos y las esteladas que cubren la fachadas de edificios institucionales. La pancarta que, en la fachada del Palau de la Generalitat, pide la libertad de los líderes soberanistas encarcelados, que ahora se sientan en el banquillo del Tribunal Supremo por el proceso secesionista, fue cubierta con otra con idéntico texto, pero rematada con un lazo blanco atravesado por un tachón rojo, en lugar del lazo amarillo original. La víspera, Torra agotó el segundo plazo de la JEC argumentado que estaba a la espera de un informe del Sindic de Greuges, el Defensor del Pueblo catalán, sobre la forma de proceder ante el requerimiento. El Sindic, Rafael Ribó, aseguró sin embargo que el informe en el que recomendaba la retirada de los lazos y banderas estaba en manos de Torra desde el viernes de la semana pasada.

A la vista de la documentación remitida ayer mismo por la Delegación del Gobierno en Cataluña, la Junta Electoral decidió ordenar a la Consellería de Interior del Govern que los Mossos D'Esquadra intervengan para eliminar los símbolos independentistas de los edificios públicos, lo que tendrían que ejecutar antes de las tres de la tarde de hoy. En paralelo, llevará a la Fiscalía al presidente catalán como posible autor de un delito de desobediencia. De ser procesado por ello, Joaquim Torra podría quedar inhabilitado para el ejercicio de cargo público, aunque este procedimiento podría llevar meses.

La Junta acuerda además abrir al presidente de la Generalitat un expediente sancionador por el incumplimiento de varios artículos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), lo que podría suponer una sanción de hasta 3.000 euros. Para Torra, lo único que cabe ahora es defender la libertad de expresión "hasta las últimas consecuencias".