El presidente del tribunal que juzga el procés, Manuel Marchena, hizo ayer la primera advertencia seria a un testigo por eludir su deber de decir la verdad. El rapapolvo le cayó a Jaume Mestre, quien era -y es- el responsable de la adjudicación de las campañas institucionales de la Generalitat.
Mestre, que no está imputado en ningún otro sumario relacionado con el procés -por lo que no podía eludir preguntas-, fue el primero de los dos testigos citados a declarar en la decimosexta jornada del proceso, y aunque se esforzó en poner cara de susto y de yo-no-fui, terminó hartando al fiscal Jaime Moreno. Tanto, que el acusador público, cansado de sus evasivas, pidió al tribunal que "deduzca testimonio al juzgado de guardia por un delito de falso testimonio".
Marchena, más calmado, le respondió que esa decisión se tomará "en sentencia y a la vista de documentos y otros testimonios". Pero no se privó de repetir su advertencia a Mestre, aunque esta vez fuera mirando a Moreno: "Si el tribunal concluye que ha dicho algo contrario a su deber de decir verdad, se podrá deducir testimonio al juzgado de guardia".
El primer aviso había llegado poco antes, después de la enésima salida por la tangente del testigo. Moreno acababa de preguntarle por las dos facturas que la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) hizo llegar al departamento de Presidencia del Govern por la emisión del anuncio para promocionar el referéndum (el de las vías del tren). Mestre soltó con la boca pequeña: "Oí que había unas facturas, pero no las vi". Y el juez Marchena intervino. Fue claro y cortante como un cuchillo: "El tribunal no ha valorado su testimonio porque hay que conectarlo a otras fuentes de prueba para saber si dice o no la verdad. Pero es evidente que hay preguntas que usted está eludiendo". Y le dio un consejo: "Acuérdese de que el falso testimonio no solo lo comete el que no dice la verdad".
El enfado del fiscal escondía una frustración. Y es que Mestre es la persona que, según Núria Llorach, presidenta de la CCMA, se reunió con ella para pedirle que TV3 y Catalunya Ràdio difundieran el ya célebre anuncio. El problema es que como Llorach afirmó tal cosa en la fase de instrucción, pero el día en que fue citada como testigo en el juicio se acogió a su derecho a no declarar (por estar imputada por el juzgado número 13 de Barcelona, el primero que abrió una investigación sobre el 1-O), su versión y la que ayer dio Mestre, negando haberse entrevistado con ella, no pueden, según la ley procesal, contrastarse.
Moreno recordó a Mestre lo que Llorach le dijo al instructor, pero después de darse una y otra vez contra un muro. "¿Cómo se hizo para que salieran los anuncios si el concurso quedó resuelto?". "No lo sé". "¿No es cierto que acudieron a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales?". "No". "¿Sabe qué persona le dijo a la Corporación que hiciera esos anuncios?". "No lo sé".
Las dos facturas emitidas por la CCMA a Presidencia, de 93.000 euros y 180.000 euros, son la clave para demostrar que hubo delito de malversación. El entonces consejero del ramo, el acusado Jordi Turull, reconoció su existencia, pero en su declaración sostuvo que no había que pagarlas porque las cubría el convenio marco suscrito con el ente público.
El otro testigo del día, Albert Royo, ex secretario general de Diplocat, admitió que el consorcio, público y privado, costeó la estancia en Barcelona, "entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre de 2017", de "expertos" que "querían estar en esas fechas en Cataluña para saber lo que sucedía", pero "no fue una observación internacional".
