13 de marzo de 2019
13.03.2019
La causa contra el soberanismo y y Decimoquinta jornada

Un testigo relaciona a la Generalitat con el pago de los carteles del 1-O

Atribuye el encargo a un miembro de Ómnium y señala a un dirigente de ERC como intermediario

13.03.2019 | 01:21
Un testigo relaciona a la Generalitat con el pago de los carteles del 1-O

Dos testigos que declararon ayer en el juicio del procés, que alcanza ya su decimoquinta jornada, se contradijeron abiertamente sobre la supuesta relación entre el Govern y un encargo de cartelería para el 1-O valorado en más de 17.000 euros.

A Enric Mary, comercial de la imprenta Artyplan, un dirigente de ERC de Badalona que testificó justo antes, Enric Vidal, le hizo un encargo cuya "factura debía girar a la Generalitat". Y le apremió: "Corría mucha prisa".

Vidal dijo que contactó con tres empresas para que imprimieran "miles de carteles" por orden de "un tal Toni", pero "no sabía que eran para la Generalitat". "Un tal Toni" puede ser Toni Molons, exresponsable de Difusión del Govern, que ya salió a relucir el lunes en el interrogatorio a un exdirector de Unipost a propósito de un encargo de sobres.

Según el relato que hizo Mary ante el tribunal del procés, el encargo tiene su origen en un miembro de Òmnium Cultural, "cliente histórico" de la imprenta. El 7 de septiembre, el creativo Aitor Sampere le llamó pidiéndole, de manera "muy urgente, un presupuesto de un material de un volumen considerable". Le dijo que era "relacionado con el referéndum, me cantó las cantidades por teléfono, carteles, dípticos".

Al día siguiente le llamó Vidal, presentándose "en referencia al Presupuesto", y le explicó que Artyplan solo asumiría la tercera parte del encargo. De esa forma habría menos riesgos si se presentaba la Guardia Civil. Sin embargo, según Mary, no facturaron porque la cartelería "no se entregó". "La empresa decide no entregarla" por las dudas de Vidal sobre cómo hacer la entrega.

Por la mañana, Rosa María Sans, también de Artyplan, había declarado que el 15 de septiembre, tras un registro de la Guardia Civil, se decidió que "el trabajo no seguía adelante".

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