Aunque las sesiones en el Supremo son tempraneras, la de mañana podría anunciarse como "Hoy, gran velada". A Javier Melero, el letrado que defiende al exconseller Forn en el juicio por el proceso soberanista, le gustaría como aficionado y practicante del boxeo que es. Y serviría de preludio al previsible tour de force entre el que se ha acreditado como el más eficaz de los defensores y uno de los testigos que vino a romper esa fase oscura para la Fiscalía que fueron las declaraciones de la docena de acusados. Manel Castellví, comisario veterano de los Mossos d'Esquadra, responsable de información de la policía autonómica en el momento del referéndum de octubre de 2016 y ahora en rampa de salida hacia el retiro, enfrió las expectativas de quienes consideraban ya desbordadas las líneas de la acusación pública. En la sesión del jueves, Castellví, tenso y visiblemente incómodo, reiteró lo que ya había declarado en la fase de instrucción, pero que escuchado en la sala adquiere una relevancia sustancial. La policía autonómica era conocedora de la posibilidad de una "escalada de violencia" por la movilización de grupos radicales de uno y otro signo ante la consulta ilegal. Avisaron, sin éxito, en dos reuniones previas al gran día al president Puigdemont, a su segundo Oriol Junqueras y al responsable político del cuerpo, el conseller Forn. Los tres desoyeron las advertencias. En la jornada del referéndum, dijo Castellví, los Mossos se esforzaron en cumplir el mandato judicial de impedir las votaciones, pero la multitud desbordó un operativo tan insuficiente que ni siquiera contaban con la movilización de los antidisturbios. Fue un error de previsión, no una forma encubierta de dejar hacer, se justificó. Cabe añadir, a tenor de lo escuchado de labios de Castellví, que la actuación tenía, en origen, un enfoque dudoso en la medida en que solo preveía la disuasión por la vía del diálogo y nunca el recurso a la fuerza.

Castellví quiso salvar el honor y la profesionalidad del cuerpo, y de paso la de su mayor Trapero, al descargar en las cabezas del Govern el empeño en seguir adelante con el referéndum pese a los riesgos. Su testimonio establece una gradación de responsabilidad al identificar al temerario Puigdemont, el único que no se sienta en el banquillo, como el que decidió seguir adelante para cumplir "el mandato popular". Junqueras fue comprensivo con los temores de los policías autonómicos, pero tampoco cedió. Forn, sentado junto a los otros dos miembros del Govern, cumplió con su papel político sin dar amparo a los argumentos de quienes estaban a sus órdenes. Esas actitudes darán mucho que hablar mañana, cuando Castellví se someta a las preguntas de las defensas. Frente a él tendrá dos estilos muy diferentes, el del penalista riguroso que es Melero y el de saltimbanqui de Andreu Van den Eynde, quien defiende a Oriol Junqueras.

En el testimonio de Castellví afloró el elemento central de todo el proceso, la violencia. Fue solo un alusión verbal, porque la materialización sigue ausente o, al menos, resulta difícil apreciarla con nitidez. Su rastreo es largo. La rebelión estaba ya en los primeros autos de instrucción del juzgado número 13 de Barcelona, que inició su investigación en los primeros meses de 2017, a raíz de la baladronada del exjuez Santiago Vidal, quien como senador de ERC alardeó de las listas prohibidas de contribuyentes que ya manejaba la hacienda catalana para controlar a los contribuyentes y de las partidas para la consulta camufladas en el presupuesto. Aquella causa, todavía abierta, que sobrevive a la muerte de su primer instructor, es la prehistoria del proceso que ahora tiene por escenario el Supremo y fue la razón por la que una secretaria judicial se encontró atrapada, junto con la comisión que encabezaba, en la vorágine que desató la intentona secesionista.