El Tribunal Supremo impuso una multa de 2.500 euros a la concejala de Barcelona de la CUP Eulàlia Reguant y al exdiputado de la formación Antonio Baños por negarse a responder a las preguntas de Vox en la vista oral que se sigue contra los líderes del proceso soberanista.

Además, el alto tribunal les da cinco días para reconsiderar su posición y que vuelvan a declarar, bajo la amenaza de imputarles por desobediencia al Supremo.

El presidente del tribunal, Manuel Marchena, suspendió la declaración de Baños y Reguant ante su negativa a contestar a las preguntas de Vox, que ejerce la acusación popular, algo a lo que están obligados como testigos. Primero fue el exdiputado Baños quien "por dignidad democrática y antifascista" rechazó contestar a los abogados de la formación ultraderechista. "Con el fin de evitar" un desenlace que no quiere la Sala, Marchena sugirió la fórmula inusual de formular él mismo las preguntas de Vox.

Baños pidió aclarar si era el tribunal o Vox quien le preguntaba. Tras unos momentos de tensión en los que varios jueces se dirigieron a Marchena, el presidente cerró el asunto: "Vamos a poner término a su declaración". A continuación, Renguant comunicó que tampoco iba a responder a la formación de ultraderecha, con idéntico resultado al de Baños.