El Gobierno ultima un decreto ley de vivienda, pactado con Podemos, que previsiblemente será aprobado en el Consejo de Ministros de mañana. El decreto, obra del departamento de Fomento, que dirige José Luis Ábalos, resucita el espíritu del proyecto de ley de Vivienda aprobado por el Ejecutivo el pasado diciembre, y tumbado por el Congreso en enero.

Aunque no incluye la regulación del precio de los alquileres, una de las razones por las que Podemos le negó el voto, el texto prevé establecer un índice de precios de referencia, tanto estatales como autonómicos, que abre la puerta a una regulación por parte de las administraciones autonómica y local. Además, y este parece haber sido el argumento fuerte para lograr el apoyo de Podemos, en los contratos de cinco años, la subida interanual no podrá rebasar el IPC. El anterior texto establecía en este punto un pacto entre las partes, excepto en los contratos de arrendamiento de renta reducida.

También habría novedades sobre desahucios. Se propone modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para especificar la fecha y hora exactas del desalojo, al igual que ampliar en un mes, hasta los tres meses, el aplazamiento de desahucio en el caso de las personas jurídicas. En el de las personas física se mantiene limitado a un mes. Los juzgados deberán poner en conocimiento de los servicios sociales los procedimientos de desahucio para comprobar las situaciones de vulnerabilidad.

Cambian igualmente los plazos de preaviso en caso de no renovar el contrato, que pasan de un mes a cuatro para los inquilinos y de un mes a dos para los propietarios. Donde no se prevén novedades es el respecto a la duración de los contratos, que se mantiene en cinco años para las personas físicas y siete para las jurídicas.