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La causa contra el soberanismo y y Quinta jornada

Rull justifica la desobediencia del Govern por la "falta de autoridad moral" del TC

"Tenía la convicción de que las urnas aparecerían, aunque no sabía dónde estaban", alega el acusado en una maratoniana jornada de declaraciones

Meritxell Borràs, responsable de Gobernación. // Efe

El exconsejero de Territorio Josep Rull achacó ayer "falta de autoridad moral" al Tribunal Constitucional (TC) para justificar la desobediencia con que se condujo el Govern de Carles Puigdemont al ignorar las resoluciones de la corte de garantías que exigían detener el "procés". A su parecer, el tribunal estaba siendo "sistemáticamente instrumentalizado por el Estado para paralizar cualquier iniciativa" procedente de la Generalitat.

Rull y los también exconsejeros Dolors Bassa, Meritxell Borràs y Carles Mundó protagonizaron la quinta jornada del juicio del "procés", al que el presidente del tribunal, Manuel Marchena, y las acusaciones y las defensas han decidido imprimir velocidad para no retrasar el inicio de las testificales el próximo martes.

Entre las diez de la mañana y las nueve y media de la noche se vivió en el salón de plenos del Tribunal Supremo una maratoniana jornada de sucesivas declaraciones. Rull declaró durante cerca de cuatro horas y, en línea con los exconsejeros presos que le precedieron, negó haber cometido cualquier delito. Pero yendo más allá, se enorgulleció de su rol en el "procés" y proclamó su "convicción" de que "convocar un referéndum no es delito".

Dio para ello una razón ya aportada la víspera por Jordi Turull: que el Congreso acaba de rechazar una propuesta del PP para que la convocatoria de referéndums no acordados con el Estado vuelva a ser considerada delito, como era el caso antes de que en 2005, gobernando José Luis Rodríguez Zapatero, desapareciera del Código Penal.

También se ciñó a lo expuesto por Turull y Romeva, y antes por Oriol Junqueras y Joaquim Forn, para presentar la declaración de independencia como una expresión "formal y solemne", pero meramente "política".

Como Turull, asimismo, explicó la actuación del Govern y el Parlament como un ejercicio de "ponderación", una búsqueda del "equilibrio" entre "el imperio de la ley" (la obediencia a los requerimientos del TC para detener el "procés") y lo que denominó "el principio democrático" (el derecho de autodeterminación).

Demandas del pueblo

Y es que, para el exconsejero, "el sistema debe ser capaz de asimilar las demandas del pueblo", tal como a su juicio dejó establecido el Supremo canadiense en relación con las demandas secesionistas de Quebec. "¿Usted leyó la doctrina del Tribunal Constitucional de Canadá y no la del español?", le replicó entonces la fiscal Consuelo Madrigal. Rull se limitó a responder que el TC carece de "autoridad moral".

Sobre el asedio a la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017, el acusado constató "un problema de percepciones" entre su visión del derecho de reunión y manifestación y la que tiene la Fiscalía. Para él, la concentración de aquel día, con más de 50.000 personas ante la sede del departamento, mientras se llevaba a cabo un registro judicial, fue una protesta "cívica y pacífica". Y reprochó al Ministerio Público el empleo de calificativos como "turba" para "denigrar a los ciudadanos que, amparados en su derecho de protesta, se concentraron". Lo que le valió la tercera llamada al orden de Marchena.

En todo lo demás, Rull -que fue menos áspero que Turull, pero más prolijo- repitió punto por punto el esquema de defensa de sus predecesores en el banquillo de los acusados. Negó que conociera el documento "Enfocats" y la agenda de Josep María Jové (la denominada agenda del "procés"). Aseguró, taxativo, que no se "gastó un euro público" en el referéndum, porque el control de las finanzas catalanas por el Gobierno de Mariano Rajoy fue tan "abusivo" que convirtió a la Generalitat en una "gestoría". Y negó que se alentara a la violencia.

Tampoco sabe dónde se imprimieron las papeletas ni dónde estaban o de dónde se trajeron la urnas, pero "tenía la plena convicción de que aparecerían".

Y se defendió con ahínco de la acusación de haber denegado el atraque de un ferri que alojaba a agentes de Policía movilizados con motivo del 1-O. En sustancia, Rull dijo que la solicitud no se había tramitado como debía (como "buque de Estado") y que cuando denegó el permiso desconocía que transportara a policías.

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