Holanda destinará un fiscal permanente para España y otro para EEUU ante un aumento de la implicación de sus ciudadanos en delitos cometidos en ambos países y de los procesos judiciales que mantienen abiertos, anunció hoy el Servicio de la Fiscalía (OM).

En un comunicado, explicó que estos oficiales de enlace tienen el objetivo de "intensificar la cooperación internacional" entre el Servicio de la Fiscalía en Holanda y el país en cuestión, lo que se hará a través de consultas operativas y de estrategias en investigaciones criminales y manejo de casos penales.

Además, los fiscales, que se trasladarán este mismo año a su nuevo destino, también harán las labores de coordinación y asistencia legal en los campos de la ciberdelincuencia, antiterrorismo e inmigración.

En el caso de España, la preocupación se centra especialmente en la Costa del Sol, zona turística a la que la prensa holandesa ha bautizado como la "Costa del Crimen" por la detención de numerosos ciudadanos de Holanda en los últimos tiempos.

En una investigación de la televisión holandesa NOS, policías y jueces españoles mostraron sus "serias preocupaciones" sobre la multiplicación de los incidentes violentos relacionados especialmente con las drogas y que involucran a líderes de la mafia holandesa en la zona del Levante español.

Se trata de casos de liquidaciones, ataques con bombas y hallazgos de grandes cantidades de cocaína, subrayaron.

En enero, un holandés fue arrestado en una importante operación contra el narcotráfico en España, en la que la droga tenía como destino final Holanda.

Hasta ahora, este país solo tiene un fiscal permanente en el extranjero y está, desde 2014, en Italia, encargado de la lucha contra el fraude internacional, el tráfico de personas, el lavado de dinero y el narcotráfico.

El OM no descarta aumentar el número de fiscales destinados en el extranjero, especialmente en América Latina, principal emisor de la droga que entra de forma ilegal por el puerto de Rotterdam.

En Holanda existe un vacío legal en la cuestión de la venta de drogas, puesto que es legal el consumo de marihuana en los "coffeeshop" pero su cultivo está prohibido y los locales se ven obligados a abastecerse -con máximos establecidos por la ley- del narcotráfico.