El Gobierno intenta cerrar su breve mandato con la exhumación de Franco del Valle de los Caídos, y ayer dio los últimos pasos en el procedimiento sin poder garantizar que podrá culminarlo. El Consejo de Ministros aprobó un acuerdo motivado que faculta al Ejecutivo a decidir dónde serán enterrados definitivamente los restos en caso de que la familia no proponga, en un plazo de 15 días, un emplazamiento alternativo a la cripta de la catedral de La Almudena, descartada por motivos de seguridad y orden público.
Si los familiares proponen otro lugar, no habrá ningún problema, pero puede ocurrir que no se pongan de acuerdo o no digan nada, aventuró la ministra de Justicia, Dolores Delgado.
La respuesta del Ejecutivo vendría entonces por un nuevo acuerdo del gabinete, que determinaría dónde se llevarían los restos una vez inhumados, cumpliendo así con el decreto ley aprobado el 24 de agosto y culminando un largo procedimiento de siete meses.
Fuentes del entorno de la familia citadas por "Europa Press" aseguraron que recurrirán el acuerdo motivado aprobado ayer y solicitarán "medidas cautelarísimas" buscando la paralización inmediata del procedimiento. Y lo harán, avanzan las fuentes consultadas, antes de que venza el plazo de 15 días dado por el Gobierno a la familia para que elija una ubicación alternativa.
