El exministro y expresidente de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana, y al menos dos de sus supuestos testaferros, cobraron comisiones por adjudicaciones públicas que pudieron alcanzar los 10,5 millones de euros, según concluyen los investigadores del caso Erial, a cuyo sumario tuvo acceso la agencia Efe. Buena parte de esas mordidas tienen que ver con la privatización de las ITV o con adjudicaciones de parques eólicos.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa a Zaplana como supuesto jefe y administrador oculto de la red corrupta. Parte de los sobornos fueron a parar a dos sociedades de Luxemburgo (Imison Internacional y Fenix Investments) en una operación accionarial realizada por los sobrinos del ex director general de la Policía, exvicepresidente del Gobierno valenciano y expresidente del Parlamento valenciano, Juan Cotino, (Vicente y José Cotino), que transfirieron 6,4 y 2,18 millones de euros.

Estos pagos fueron efectuados, siempre según el relato de los investigadores, durante los años 2005 y 2006 por el grupo de los Cotino (Sedesa), utilizando parte de los beneficios obtenidos en la sociedad concesionaria de las ITV. El grupo de los Cotino obtuvo por la actividad empresarial derivada de las supuestos sobornos, unos beneficios de 86,6 millones de euros, según Anticorrupción, con lo que las "mordidas" pudieron suponer el 10 % del negocio total facilitado por Zaplana.

Por el contenido de conversaciones intervenidas, creen los investigadores que todavía quedan fondos por repatriar a España (unos 3,5 millones).