Los fiscales del Supremo Javier Zaragoza y Fidel Cadena presentaron ayer el juicio al "procés" como una "defensa de la democracia". En la segunda jornada de la vista, y para rebatir la supuesta vulneración de derechos fundamentales aducida la víspera por las defensas, Zaragoza y Cadena sostuvieron en sendos durísimos alegatos que 9 de los 12 acusados cometieron delito de rebelión, pues la "grave agresión" al orden constitucional en que se tradujo el "procés" incluyó "métodos violentos".
De esta manera, los fiscales permitieron que ya en el trámite de cuestiones previas afloraran dos de las cuestiones medulares del proceso: si hubo o no violencia y si cabe o no en el ordenamiento jurídico español el derecho de autodeterminación, cuestión sobre la que ambos se explayaron en argumentaciones que dejaron sentencias tales como: "No hay una soberanía catalana, hay una soberanía española proclamada por la Constitución" (Cadena). O, en irónica referencia a la prohibición de referéndums soberanistas en el Véneto y en Baviera por las cortes constitucionales de Italia y Alemania: "Es necesario reconocer y aplaudir la cultura democrática de los ciudadanos de Baviera y Véneto, que acataron las resoluciones de sus tribunales constitucionales (Zaragoza)".
El primero en intervenir fue precisamente este último, que ejerció varios años el cargo de fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Durante una hora, Zaragoza flageló a las defensas. Les afeó sus alegaciones, que además de "parecer libelos acusatorios", son "ridículas" e "injustificadas" y tienen por objetivo "poner en cuestión la calidad democrática" de la justicia española.
El fiscal garantizó que el Tribunal Supremo juzgará a los rectores del "procés" con "imparcialidad" y respetando garantías y derechos", como después probó la decisión del presidente del tribunal, Manuel Marchena, de permitir a los acusados que lo deseen portar lazos amarillos, en contra del criterio expresado por la acusación particular, ejercida por el partido ultraderechista Vox.
En su alegato, Zaragoza dijo que la "ilegalidad" del referéndum del 1-O consistió en que se vulneraron los derechos no de quienes votaron, sino de los "ciudadanos que, amparados por la decisión del Tribunal Constitucional, se negaron a tomar parte en él". Para el fiscal, los derechos que se vulneraron ese día fueron los de "la mayoría silenciosa de Cataluña", que cifró en el 60% del censo electoral.
Después negó la mayor: el juicio no es una "causa general" contra el independentismo, como había denunciado la víspera el abogado de Oriol Junqueras, quien hoy abrirá el turno de declaraciones de los acusados.
Bien al contrario, expuso el fiscal, en la vista "no se persigue una ideología". El proceso es la consecuencia de los "graves hechos" acaecidos en septiembre y octubre de 2017, cuando los acusados "no se limitaron a defender una opción política", sino que pretendieron "hacer claudicar al Estado" con "movilizaciones sociales" que incluyeron "métodos violentos", dijo en referencia al asedio a la Consejería de Economía, el 20 de septiembre (20-S), cuando se practicaban registros judiciales.
En referencia a los hechos de esa jornada, el fiscal quiso dejar sentado que la "actividad política" no puede justificar que se mantenga casi "secuestrada" a la comisión judicial que realizaba el registro, ni menos aún valerse de "miles de ciudadanos para impedir el cumplimiento de las leyes", aquí en referencia a la votación del 1 de octubre.
El letrado de la acusación rebatió a Benet Salellas, abogado de Jordi Cuixart, sus críticas por la ausencia de referencias en el escrito de acusación a los heridos habidos el día de la consulta, con lo que consideró que la Fiscalía amparaba la "tortura". Zaragoza le contestó que "identificar el uso legítimo de la fuerza policial" con la tortura supone "un disparate jurídico". Y remató así su argumentación: "la responsabilidad de los hechos violentos" hay que atribuírsela a quienes movilizaron a los votantes a sabiendas de que la convocatoria era ilegal.
En su intento de desmontaje de las alegaciones de las defensas, el representante del ministerio público descalificó el manifiesto, esgrimido por aquéllas, en el que 120 catedráticos de Derecho Penal sostienen que los acusados no incurrieron en rebelión. "¿De dónde sacan que hay 120 catedráticos de Derecho Penal en España?", espetó Zaragoza a los abogados de los procesados, precisando que el texto viene firmado "por el 15% de los catedráticos de España, y no los de más prestigio académico". Y aún tuvo tiempo para lanzar un dardo al tribunal del "Land" de Schleswig-Holstein que denegó la entrega de Carles Puigdemont por rebelión (alta traición en Alemania). Esa corte "creyó que podía enjuiciar los hechos" y creó una nueva figura legal: "La orden europea de enjuiciamiento", ironizó.
Después de Zaragoza intervino Fidel Cadena, que rebatió las supuestas vulneraciones de los derechos fundamentales de los acusados. Pero, igual que su compañero, fue desde el principio al meollo de la materia que se juzga. Cadena no negó que en España se contemple el derecho a decidir, pero "corresponde al pueblo español". Y se ejerce solo si todo el pueblo español decide, precisó. Ello es así porque "no hay una soberanía catalana, hay una soberanía española y está proclamada por la Constitución". Para Cadena, "no hay legalidad democrática fuera de la legalidad constitucional", y las legalidades "paralelas", como la que el "procés" quiso asentar, sólo conducen "al autoritarismo".
El fiscal también quiso dejar claro que, con el actual tipo penal, la rebelión "solo exige un alzamiento público y violento", aunque no haya armas.
Tras la intervención de la abogada del Estado, Rosa María Seoane, que defendió el proceso ("es un juicio penal con todas las garantías que no merece otra calificación"), Pedro Fernández pidió a la Sala que fijara criterio sobre el lazo amarillo que porta el acusado Jordi Sànchez "por respeto y consideración a la justicia". Pero, en su estreno en la vista, Vox se llevó un chasco, pues Marchena anunció que permitirá el lucimiento del símbolo y que, con ello, se alinea con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, meta de futuros recursos de los procesados.
