El juicio por el proceso soberanista catalán comienza hoy en el Tribunal Supremo en medio de una profunda crisis política, equiparable a la que en junio pasado acabó con el desalojo de Mariano Rajoy del Gobierno a través de una moción de censura. El inicio de la vista oral de una causa que comenzó a gestarse hace catorce meses con una querella del fiscal general del Estado coincide con el arranque en el Congreso del debate de las enmiendas de totalidad a los Presupuestos del Ejecutivo de Pedro Sánchez, cuya posible derrota en el primer examen parlamentario podría derivar en un adelanto electoral.
Hoy será el primer día en que, en la sala más noble del Supremo, a partir de las diez de la mañana, se vea sentados en el banquillo de los acusados, o junto a su abogados, a doce líderes del independentismo, nueve ellos encarcelados desde hace meses, la mayoría miembros del Govern que llevó adelante la consulta ilegal del primero de octubre de 2017 y días después la proclamación de la república catalana. En ausencia del expresident Carles Puigdemont, huido a Bélgica, el exvicepresident Oriol Junqueras es el imputado con mayor responsabilidad política en el momento de los hechos que se enjuiciarán a lo largo de, al menos, tres meses. Acusados de rebelión o desobediencia y todos ellos de malversación, la petición de penas oscila entre los siete y los veinticinco años de cárcel.
En medio de un gran aparato de seguridad, con el despliegue de 200 antidisturbios, la primera sesión se dedicará hoy a cuestiones preliminares, de carácter técnico, a través de las que las defensas tratarán de conseguir la nulidad de todo el procedimiento.
Siete magistrados integran el tribunal, al frente de los cuales estará el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, quien además será el ponente de la sentencia. Junto a él, que ayer manifestaba en un acto público que con la vista oral entra en "tiempo de silencio", se sentarán Antonio del Moral, Ana Ferrer, Luciano Varela, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo y Andrés Palomo, un tribunal con presencia de las distintas sensibilidades que dominan en la carrera judicial.
Determinar si hubo rebelión y malversación por parte de los acusados centrará los testimonios y las pruebas que se verán en la vista oral. La acusación de rebelión se sostiene en el bloqueo que la comisión judicial que registraba la Consellería de Economía sufrió el 21 de septiembre de 2017. Para sustentar la malversación será necesario demostrar el desvío de fondos públicos a una consulta declarada ilegal desde el momento en que comenzó a gestarse. A ello se aplicarán los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno, que previsiblemente se turnarán en la sala de vistas de dos en dos. Como representante de los servicios jurídicos del Estado, que rebaja la acusación de rebelión a la sedición, se estrenará en este juicio la nueva jefa de lo Penal de este cuerpo, Rosa María Seoane. Vox ejercerá la acusación popular a través del secretario de Organización Javier Ortega Smith. Frente a ellos, se sentarán hasta diecisiete abogados organizados en ocho equipos diferentes de defensa.
Tras las cuestiones previas, comenzarán los interrogatorios de los acusados, algo que el tribunal confía en completar a lo largo de las seis sesiones programadas ya para las dos próximas semanas, de martes a jueves, de diez de la mañana a seis de la tarde. Después comenzarán a declarar los más de 500 testigos solicitados por las partes. Las sesiones podrán seguirse en directo a través de la web del Poder Judicial.
