El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año que ayer llevó al Congreso de los Diputados la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rompe la tendencia de la austeridad, volviendo a ser unas cuentas expansivos, con un aumento del gasto público del 5'3 %, que no se daba desde 2010, hasta superar los 345.000 millones.
Las primeras cuentas del Gobierno de Sánchez tienen un marcado acento social: 209.510 millones de euros, el 57,3 % del total, se destinan a conceptos de ese área. La tramitación del presupuesto marca el tiempo político inmediato y también los meses de vida del Ejecutivo.
Sánchez necesita el apoyo de los soberanistas catalanes, a los que se intentar atraer con un incremento de la inversión del 18%, para superar el debate de totalidad de las cuentas que, de lo contrario, caerían en el primer debate parlamentario, previsto para el 13 de febrero.
El que ayer comenzó su andadura parlamentaria es el primer proyecto presupuestario del mandato de Sánchez, tras asumir como propias las cuentas del Partido Popuar aprobadas poco antes de que triunfase la moción de censura contra Mariano Rajoy.
Subida a las rentas altas
De prosperar los números del Gobierno, habrá una subida de impuestos a grandes empresas y rentas altas para poder financiar un aumento del gasto social, que blinde el Estado del bienestar y consiga ajustar un déficit público más estricto del que planeaba inicialmente el Ejecutivo.
Las cuentas se cuadran sobre la previsión de una recaudación tributaria récord de 227.356 millones de euros, un 9,5 % por encima de lo ingresado en 2018, según el avance de liquidación.
Los Presupuestos Generales del Estado pretenden afrontar "los problemas cotidianos de los ciudadanos", explicaba la ministra Montero, mediante la subida del 1,6 % de las pensiones -el 3 % para las mínimas y no contributivas-, la subida del salario mínimo a 900 euros mensuales, el aumento del 2,25 % del salario de los funcionarios o un mayor gasto en dependencia.
De cada 100 euros de gasto, 42,1 se destinan a pensiones. El gasto social presupuestado sumará 209.510 millones de euros, lo que supone un aumento de 12.600 millones, el mayor desde 2009.
El primer examen al que se someterá el proyecto de Presupuestos Generales del Estado será el debate de las enmiendas a la totalidad, que se celebrará en el Congreso los próximos 12 y 13 de febrero. Si las cuentas públicas superan ese rechazo, se abrirá un nuevo plazo hasta el 15 de febrero para las enmiendas parciales.
Necesidad de respaldo
Para superar los votos de PP, Ciudadanos, Unión del Pueblo Navarro (UPN), Foro Asturias y EH Bildu, que en diciembre rechazaron los objetivos de déficit de Sánchez, el Gobierno necesita sumar a Unidos Podemos, con quien ya ha firmado un acuerdo presupuestario, pero también a Compromís, PNV, Nueva Canarias, Esquerra Republicana y PDeCAT.
Los soberanistas mantienen su rechazo a las cuentas y exigen, como contrapartida a su apoyo, que el Ejecutivo suavice la posición de la Fiscalía en el juicio contra sus líderes procesados, que a finales de mes se sentarán en el banquillo en el Tribunal Supremo.
La discrepancia en el seno de las formaciones independentistas estriba en qué momento dar el "no" al Gobierno central.
Hay un división entre los partidarios de presentar enmiendas a la totalidad, una opción que ERC mantiene abierta, lo que supondría que las cuentas naufragaran al primer intento, y quienes defienden abrir paso a la tramitación parlamentarias de los presupuestos para ganar tiempo y conceder margen a Sánchez para que se avenga a negociar.
Si se impone esta segunda opción, el debate final en el Congreso de los Diputados se produciría el 12 y 13 de marzo, momento en que, de materializarse el rechazo, se abre la posibilidad de llamar a las urnas, un escenario ya previsto en el libro explicativo del PGE.
El Gobierno intenta comprometer al soberanismo con inversiones de 2.051,38 millones de euros para Cataluña, un 16,8% del total, que el Ejecutivo eleva por encima del 18% si se suman otros 200 millones de euros del acuerdo de Hacienda con la Generalitat del pasado 25 de septiembre. Ese porcentaje supondría ajustarse, por primera vez, a las transferencias de fondos del Estado fijadas en el Estatut catalán.
Y en buena lógica, ese considerable incremento social provocó que los responsables socialistas sacasen pecho ayer haciendo alusión al mismo (de forma unánime). La vicesecretaria general del PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, subrayó incluso que son "los más sociales de la democracia".
