El Gobierno de Pedro Sánchez confía en el proyecto presupuestario aprobado ayer por el Consejo de Ministros, y que el lunes llegará al Congreso, para garantizar su continuidad o, al menos, para ganar tiempo si, como todo apunta en este momento, finalmente son rechazados. El objetivo ahora es que los independentistas catalanes no voten las enmiendas de totalidad y permitan el debate parlamentario de las cuentas, lo que supondría para el Ejecutivo casi tres meses de margen y un tiempo precioso para difundir un presupuesto que es a la vez su programa electoral. A pesar de las dudas y las discrepancias, tanto ERC como PdeCat parecen dispuestos a permitir que el proyecto de Sánchez inicie su andadura aunque sin garantía ninguna de un final feliz.

El Gobierno aprobó ayer remitir a las Cortes el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, uno de cuyos aspectos más destacados es la previsión de recaudar 227.356 millones de euros, un 9,5% más respecto al año pasado, casi 20.000 millones, y una cifra récord que se lograría gracias al crecimiento económico y a los aumentos de fiscalidad previstos en las cuentas.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, detalló unas cuentas que marcan un "punto de inflexión" en la política económica y presupuestaria de los últimos años, al hacer compatible la consolidación fiscal con el crecimiento del gasto público. La duda es su viabilidad, al carecer ahora el Gobierno de los apoyos necesarios para que prosperen. Desde Ginebra, donde ayer se reunión la ejecutiva de ERC con Marta Rovira, su secretaria general huida para no comparecer ante el juez Llarena, el vicepresidente catalán Pere Aragonès mantenía el rechazo de su formación.

Pese a que Montero garantiza que los catalanes tendrán por primera vez la financiación prevista en el Estatut, Aragonés insiste en reclamar a Sánchez un gesto político para defender sus cuentas como "una segunda vuelta de la moción de censura". Fuentes del Gobierno citadas por "Efe" se mostraban ayer optimistas respecto al apoyo de ERC y PdeCat, en el que hay división entre los partidarios de abrir paso al trámite parlamentario de las cuentas y quienes defienden rechazarlas de plano. La decisión final se adoptará el lunes en una reunión de la ejecutiva con Puigdemont en Waterloo.