El Gobierno quiere convertir el Consejo de Ministros que se celebrará el viernes de la próxima semana en Barcelona en una demostración de autoridad frente al independentismo. Ante las movilizaciones del soberanismo contra la presencia del Ejecutivo de Sánchez, que amenazan con paralizar la capital catalana, el Ministerio del Interior prepara el desplazamiento a Barcelona de 1.100 policías y guardias civiles para blindar la reunión ministerial.
La medida tiene como objetivo principal reforzar a los Mossos, pero responde también a la desconfianza del Gobierno hacia la policía autonómica y a posibles episodios de inacción como los ocurridos el pasado fin de semana frente a los Comités de Defensa de la República (CDR).
Los informes de los Mossos desaconsejan el lugar de celebración del Consejo de Ministros, la Llotja de Mar, por considerar que se trata de un emplazamiento de difícil protección frente a las protestas y fácil de bloquear por su proximidad a algunas de las principales vías de la capital catalana.
Pese a que Pedro Sánchez anunció ya su intención de celebrar un Consejo de Ministros en Barcelona al poco de llegar a la presidencia, en junio pasado, la reunión fue adquiriendo potencia simbólica para el soberanismo. La proximidad del juicio a los líderes encausados por el "procès", del que el martes habrá una vista preliminar para después continuar en enero, intensifica las protestas. Los CDR anuncian barricadas y llaman a movilizarse junto al lugar de reunión del Gobierno. La ANC, por su parte quiere colapsar Barcelona con coches llegados de toda Cataluña que circulen a baja velocidad. Òmnium programa como protesta "pacífica" un "consejo popular de ministros".
Ante la posibilidad de un cerco o de incidentes que pongan en entredicho la capacidad del Gobierno para controlar la situación catalana, el departamento de Fernando Grande-Marlaska diseña un dispositivo que movilizará ocho grupos de Unidades de Intervención Policial (UIP) y cuatro más de Unidades de Prevención y Respuesta (UPR) de diferentes ciudades españolas. Además se desplazarán 500 guardias civiles desde otras partes de España, que se sumarán a los que están destinados allí. Todos los preparativos se realizan pese a que el Ejecutivo manifiesta su "confianza absoluta" en que los Mossos van a garantizar su seguridad.
Conflictividad laboral
La situación de la policía autonómica se complica con su propia conflictividad laboral. Unos doscientos agentes cortaron ayer algunas de las principales vías de Barcelona y terminaron por encerrarse en la consejería de Interior. Reclaman mejoras en su situación y la equiparación con los bomberos de la Gneralitat. La desautorización por parte de Torra de algunas actuaciones policiales frente a los CDR enturbió más el enrarecido ambiente laboral de los Mossos.
El Govern se reunirá la víspera de que los ministros viajen a Barcelona. Torra estaría dispuesto a encontrarse con Pedro Sánchez, quien también muestra dispuesto, siempre que no sea algo meramente protocolario.
