El proyecto de Presupuesto para 2019, en apariencia arrinconado por falta de apoyos parlamentarios, vuelve a tener lugar preferente en la agenda del Gobierno en un intento de recuperar el impulso político tras el descalabro socialista en las recientes elecciones andaluzas.
El presidente Sánchez, quien semanas atrás parecía renunciar a las cuentas "para no marear a los españoles" ante las escasas posibilidades de que salieran adelante, anunció que en enero llevará el proyecto presupuestario al Congreso. Y ello pese a que nada ha cambiado: el independentismo mantiene su rechazo a respaldar el Presupuesto sin contrapartidas políticas en Cataluña y para el PP se trata solo de una "cortina de humo" para tapar lo ocurrido el domingo en Andalucía.
"Lo difícil no es imposible", afirmaba ayer la ministra de Economía, Nadia Calviño, sobre la posibilidad de que el Presupuesto salga adelante pese a que la falta de apoyos es la misma que existía semanas atrás.
El objetivo del revivir de las cuentas es mostrar que el Ejecutivo conserva la capacidad de marcar los tiempos políticos y obligar al resto de las fuerzas a definirse en un contexto marcado por el brote de la ultraderecha. "El Gobierno no es dependiente del mareo de los partidos independentistas", afirmaban ayer fuentes de Moncloa citadas por Europa Press, que confirmaban la intención de que el Consejo de Ministros apruebe en las próximas semanas el proyecto presupuestario. Estamos ante "el fin de la etapa del disimulo", según las mismas fuentes, lo que obligará "a que cada uno se retrate" en las Cortes Generales.
ERC considera que la presentación del Presupuesto es un "chantaje" del Ejecutivo y de Podemos. "No solo tenemos que aguantar la represión de este Estado sino también los chantajes del Gobierno y de alguna formación política que de facto son sus socios", afirmaba el diputado de Esquerra Gabriel Rufián. El vicepresidente y conseller de Economía de la Generalitat, Pere Aragonès, coincide con Rufián en la calificación de la iniciativa del Ejecutivo como un chantaje. "Cuando se nos amenaza con que llega Vox, nosotros ya estamos sufriendo a Vox. Piden 72 años de cárcel para Oriol Junqueras", señala Aragonés. "Para participar de algún tipo de garantía de estabilidad del Gobierno del Estado, hace falta resolver los problemas de fondo", advierte el vicepresidente catalán. Y esos problemas son los de siempre: la situación de los encausados por liderar el "procès", de los huidos a Bélgica con Puigdemont y la apertura a la posibilidad de un referéndum sobre la independencia. Aragonés reprocha a los socialistas catalanes que rechacen aprobar las cuentas catalanas, también bloqueadas, si el independentismo no apoya las estatales. "No podemos subordinar el Parlament a las mayorías del Congreso", afirmaba ayer en Barcelona.
En una línea similar a ERC, el PDeCAT muestra su disposición a negociar las cuentas con una "propuesta razonable", pero siempre que vaya acompañada de soluciones políticas para Cataluña. La respuesta llegó desde Bruselas por boca del ministro de Exteriores, Josep Borrell, quien considera que "no hay margen ni voluntad para ir por caminos que quedarían fuera del marco constitucional".
