El juez Fernando Andreu, que se ha incorporado a la sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, será ponente del caso Bárcenas y de otras 2 piezas del caso Gürtel: la referida a la visita del papa a Valencia y la de los tres contratos del Ayuntamiento de Jerez con la trama.

Ayer se conoció además que Andreu, que tomó posesión de su nuevo cargo en la Audiencia Nacional este lunes, ha sido designado también ponente de la sentencia del juicio que comenzará el 10 de diciembre por las presuntas adjudicaciones irregulares de AENA a la trama de Correa.

Andreu, que desde 2002 ha sido titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y del que es conocida su amistad con la ministra Dolores Delgado y el exjuez Baltasar Garzón, estuvo entre los nombres que se barajaron para el cargo de secretario de Estado de Justicia y también como posible candidato al CGPJ.

Además de ser el encargado de redactar esas tres futuras sentencias, también será el ponente de los autos de ejecución de los embargos acordados a raíz de la sentencia de Gürtel Época I (1999-2005), que se saldó con la primera condena al extesorero del PP Luis Bárcenas (33 años de cárcel).

Según las cuatro providencias en las que se notifica el nuevo ponente -todas iguales-, la sección segunda ha tenido que modificar la composición del tribunal en estos juicios ante la llegada de Andreu y después de que la Presidencia de la Sala acordara "no haber lugar a la prórroga de la adscripción en esta sección del magistrado D. Fermín Echarri".

Este magistrado, que hasta ahora integraba la sección segunda, seguirá no obstante en la Audiencia Nacional y será adscrito a una nueva sección, según han señalado fuentes de este tribunal.

De los cuatro juicios para los que ha sido nombrado ponente, solo dos tienen ya fecha, el de AENA (el 10 de diciembre), y el de los contratos presuntamente irregulares que concedió el Ayuntamiento de Jerez a Gürtel, señalado para el 6 de mayo.

Aún está pendiente de señalamiento el del caso Bárcenas, relativo al pago de las obras de la reforma de la sede nacional del PP, que supuestamente se hizo con dinero de la caja b del partido, hechos por los que se sentarán en el banquillo Bárcenas, el exgerente Cristóbal Páez y el propietario del estudio de arquitectura que se encargó del proyecto.

En ese juicio, al igual que en el de Gürtel, el PP está acusado como partícipe a título lucrativo por el pago parcial en negro de los 888.000 euros de la reforma, por lo que ha tenido que prestar una fianza de 1,2 millones de euros.

Este mes de octubre, la sección segunda preguntó al juez José de la Mata si podía poner ya fecha a la vista oral, teniendo en cuenta las diligencias que aún sigue practicando sobre los papeles de Bárcenas.

De la Mata respondió afirmativamente, asegurando que no hay una conexión directa entre esos y los que él sigue investigando, lo que daba vía libre a la Sala para señalar ya la vista oral.

No obstante, la defensa del extesorero pidió después que el juez detallara las diligencias que esta practicando para aclarar hasta qué punto le puede afectar o no la "instrucción complementaria" que tiene abierta.

La causa por tanto se había dado ya por concluida, pero ante las revelaciones que hizo Correa en el macrojuicio de Gürtel sobre el cobro del 3% a empresarios por parte de miembros del PP, De la Mata, acordó reabrir esta pieza y seguir indagando.

A esa nueva investigación, De la Mata incluyó también conversaciones intervenidas en el caso Lezo -en el que fue detenido el expresidente madrileño Ignacio González- sobre presuntos pagos de comisiones al PP.

Recientemente, la operación Kitchen, en la que supuestamente involucró el excomisario José Villarejo al chófer del extesorero del PP para que le sustrajera documentos relacionados con los "papeles de Bárcenas" y que investiga el juez del caso Tándem, ha supuesto la apertura de otra línea de investigación de la caja b.

Los documentos que supuestamente sustrajo el chófer fueron publicados por El Mundo, y De la Mata los ha reclamado a ese periódico y ha solicitado a Interior un informe urgente sobre ese supuesto trabajo que hizo en 2013 este departamento con Villarejo.