El juez y ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este jueves la elección por el parlamento de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pero con un procedimiento de control previo "más exhaustivo" que las meras negociaciones entre los partidos.

En declaraciones a los periodistas en Bilbao, Grande-Marlaska ha explicado que no se puede entender "un órgano de gobierno de uno de los tres poderes del Estado que no esté sustentado en la soberanía popular", que se expresa en el Parlamento.

"Otra cosa -ha apuntado- es el procedimiento parlamentario (para designarlos), que tiene que ser más exhaustivo, que todos los candidatos comparezcan y hagan una exposición de su modelo de poder judicial y su plan de actuación y que puedan ser interrogados del bien y del mal" porque "todo alto cargo tiene que ser transparente".

El ministro ha defendido la labor de la Justicia en España pese a las críticas por el método de elección del Consejo o por sentencias como la referida al pago del impuesto de actos jurídicos documentados en las hipotecas por los clientes o algunas sobre violencia machista, como la de "la Manada".

"El Poder Judicial somos 5.500 jueces" que emiten muchísimas sentencias cada año en todos los ámbitos y no se puede "generar desconfianza en modo alguno" sobre el sistema por algunas resoluciones concretas, ha sostenido.

Grande-Marlaska ha recordado que durante la crisis los jueces españoles dictaron "muchas sentencias" a favor de los ciudadanos frente a la banca y que también fueron jueces españoles los que presentaron cuestiones prejudicales ante el Tribunal Europeo sobre las cláusulas abusivas.

No obstante, ha reconocido que la cuestión del impuesto de actos jurídicos en las hipotecas "se podía haber resuelto de forma más correcta y adecuada" que con una resolución del pleno de la sala contraria a la sentencias previa que atribuyó el pago a los bancos.

Preguntado por el relevo del jefe del departamento Penal de la Abogacía del Estado y responsable de dirigir la acusación del Gobierno en la causa del proceso soberanista de Cataluña, Edmundo Bal, el ministro del Interior ha declinado opinar por no ser una cuestión de su departamento.

No obstante, ha señalado que puede "asegurar que no tiene ninguna relación con otra cuestión" que no sea el funcionamiento interno, como el juicio contra los dirigentes independentistas catalanes procesados por el referéndum del 1 de octubre.