El exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y el exconseller Raül Romeva, ambos en prisión preventiva en la cárcel de Lledoners, han pedido este martes recusar al juez Manuel Marchena tras el "escándalo mayúsculo" relacionado con los mensajes de WhatsApp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó.

El abogado de Junqueras y Romeva, Andreu Van den Eynde, ha presentado ante la Sala Penal del Tribunal Supremo un incidente de recusación en relación con el juez Marchena, en el que se denuncia "falta de imparcialidad" judicial, a raíz de las informaciones de los últimos días sobre el acuerdo entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El PP ha anunciado esta mañana que suspende este acuerdo con el PSOE, después de que Marchena haya renunciado a ser candidato para presidir el Tribunal Supremo y el CGPJ, una decisión con la que quiere reivindicar su independencia.

La renuncia de Marchena y el anuncio del PP se producen después de que ayer El Español publicase unos mensajes de Cosidó en los que señalaba que el pacto para renovar el poder judicial permitía a su partido controlar "desde detrás" el Supremo.

Cosidó pidió disculpas por el lenguaje utilizado en dichos mensajes pero sostuvo que "en ningún momento se habla de ningún intento de control del poder judicial", sino de recalcar que la elección de Marchena ayudaría a que las decisiones del CGPJ fueran lo más unánimes posible.

El escrito de recusación presentado por el abogado de Junqueras y Romeva se hace eco de la "existencia de un acuerdo político para el reparto de las vocalías del órgano de gobierno de los jueces", así como de las "manifestaciones" de Cosidó.

De ellas se desprende, subraya el escrito, un pacto entre PP y PSOE "con la intención de controlar políticamente y afectar tanto al Tribunal Supremo como a la Audiencia Nacional con el fin último de, a través de tales nombramientos, controlar el resultado y sentido de los procedimientos tratados en dichos tribunales".

"En dicho pacto habría tenido singular protagonismo la candidatura del magistrado recusado a presidir el CGPJ, a quien se habría otorgado por el mencionado senador la responsabilidad de 'ganar' las votaciones mediante la anulación de la minoría 'progresista' de tal órgano de gobierno", añade.

Según el texto de recusación, "dicha noticia generó ya cierto escándalo ante la evidencia de que la decisión de proveer la presidencia del CGPJ se hacía en base a un acuerdo político" y no por los "méritos" previstos por ley.

"Ayer aparecía, no obstante, el WhatsApp de la vergüenza en el que el portavoz en el Senado del PP, Ignacio Cosidó, desvelaba la 'cocina' del pacto y las espurias finalidades de la elección de vocales y presidencia", denuncian Junqueras y Romeva.

Marchena es, a su juicio, "protagonista de dicho pacto para controlar el poder judicial y a él se le atribuyen características personales vinculadas a una determinada orientación política que hacen dudar de la imparcialidad para la participación en el proceso" judicial relacionado con el referéndum unilateral del 1-O.

En su opinión, "la estrategia de criminalización de los procesados sigue directrices políticas que se vinculan con la defensa a ultranza del principio de unidad territorial".

Ahora, "el magistrado recusado debe analizar si está en condiciones de juzgar sin prejuicio personal alguno a dichos procesados y sin interés en el pleito", señalan Junqueras y Romeva, que reivindican el "derecho a un tribunal imparcial".