El Consejo de Estado avala que solo haya aforamientos para asuntos públicos

El Gobierno aprobará en dos semanas, para su envío al Congreso, el proyecto para restringir los aforamientos de cargos públicos a posibles reclamaciones legales relacionadas con el ejercicio de su función. El Ejecutivo recibió ayer el informe en el que el Consejo de Estado avala la iniciativa y sugiere fórmulas para que esa supresión de los aforamientos se haga extensiva a diputados y responsables de gobiernos regionales, que ahora gozan de esa cobertura por estar prevista en sus estatutos de autonomía.

El pleno del Consejo de Estado acordó, con el voto en contra de uno de sus treinta miembros, el informe elaborado por la comisión de estudios y respalda que los miembros del Ejecutivo, los diputados y los senadores sigan aforados ante el Tribunal Supremo, pero solo para posibles delitos cometidos "en el ejercicio de las funciones propias del cargo".

El órgano consultivo apunta que la Constitución solo regula los aforamientos de los miembros del Gobierno y de los parlamentarios, no los de los diputados autonómicos, jueces, fiscales y miembros de la Fuerzas de Seguridad del Estado. Por ello, el dictamen plantea la conveniencia de que el Gobierno o las Cortes Generales impulsen cambios legales "en el plazo de un año" para "homogeneizar" el régimen procesal que regula los aforamientos.

El Consejo de Estado considera que, para que la restricción de la cobertura de los aforamientos se extienda también a los parlamentarios y miembros de ejecutivos autonómicos el Ejecutivo dispondrá de dos vías: promover reformas de los estatutos de autonomía, para que se adecuen a la nueva redacción de la Constitución, o introducir una "previsión constitucional que disponga que los aforamientos de las autoridades y cargos públicos autonómicos queda constreñido al ejercicio de las funciones propias de su respectivo cargo". El órgano consultivo no da preferencia a ninguna de las dos vías y señala que el primer procedimiento garantizaría una mayor seguridad jurídica, pero resulta la opción más complicada porque depende de la voluntad de terceros, es decir, de los parlamentos autonómicos.

Una vez que el Consejo de Ministros apruebe, antes de que finalice el mes, la modificación de los aforamientos, la pretensión es que el cambio esté ultimado en dos meses a contar desde el inicio de su tramitación en el Congreso. En ese momento surgiría un nuevo problema político por la exigencia de Podemos de que cualquier modificación de la Carta Magna se someta a referéndum. La formación de Iglesias cuenta con el número de diputados necesario para imponer esa condición. Para Podemos, la supresión de los aforamientos resulta insuficiente si no incluye a los miembros de la Casa Real.