El Gobierno quiere ser "valiente" al prohibir en 2040 la venta o matriculación de los vehículos contaminantes, pero también "prudente" a la hora de aplicar una hoja de ruta por la que ya han apostado varios países de Europa para combatir el cambio climático y mejorar la salud pública.

El documento que ha dado a conocer el Ejecutivo, y que pretende ser el "germen" de la futura ley de cambio climático y transición energética, ha provocado una sucesión de reacciones y ha dividido a los agentes económicos, políticos y sociales entre quienes la tachan de "poco ambiciosa" y quienes la califican de "excesiva".

El año 2040 aparece ya fijado como la fecha límite para matricular vehículos ligeros contaminantes (todos los diésel, gasolina, híbridos o propulsados por gas) y 2050 como el año en que la circulación de ese tipo de coches estaría ya definitivamente prohibida en España.

La propuesta gubernamental ha sido mal recibida por algunas de las principales organizaciones del sector automovilístico, como la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles, Turismos y Camiones (ANFAC), que la ha tachado de "excesiva" o la patronal de concesionarios Faconauto, que ha expresado su temor por que genere un retroceso de las matriculaciones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha incidido hoy en los pasillos del Congreso en la importancia de ser "valientes" en todo lo que tiene que ver con el cambio climático y ha recordado que otros países, entre los que ha citado Alemania, han fijado ese límite para los vehículos contaminantes en el año 2030.

La propuesta española es similar también a la del Reino Unido, donde la venta de vehículos diésel y gasolina estará prohibida en 2040, y también a la de países como Francia, Dinamarca, Irlanda, Holanda, que trabajan con el horizonte 2040, o Noruega, que adelantará esta medida a 2025.

Además de la "valentía" por la que apuesta Sánchez, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha defendido que es una propuesta "prudente" y ha apelado a la "corresponsabilidad" de todas las instituciones públicas.

Ribera, que ha hecho estas declaraciones a los periodistas en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha abogado por la corresponsabilidad también de la industria para que el cambio de modelo energético no vaya en detrimento del sector del automóvil, ya que éste representa el 11 por ciento del PIB español y emplea a casi el 14 por ciento de los trabajadores del país.

En la misma línea, la ministra de Industria, Reyes Maroto, ha señalado que la fecha de 2050 "es un horizonte conservador, prudente y negociable", y ha observado que en comparación con Europa no se trata tampoco de una fecha "demasiado ambiciosa" ya que otros países se van a adelantar.

Maroto ha apelado a la importancia del sector de la automoción: "Es un sector responsable, que sabe que tiene que trabajar en esa línea, porque si no lo van a hacer otros".

Las principales organizaciones sindicales han advertido sin embargo del riesgo que encierra la propuesta del Gobierno y de que puede amenazar la estabilidad del empleo en muchos centros de trabajo.

Para UGT, la iniciativa pone "en serio peligro" la estabilidad de los centros de trabajo y los miles de empleos del sector automovilístico español, y Comisiones Obreras ha pedido al Ejecutivo que no se convierta en un "inquisidor ecológico" con los coches.

El principal socio parlamentario del Gobierno, Unidos Podemos, ha apostado por que se cambien las líneas de producción de coches diésel por la de vehículos eléctricos, al observar que "no es de recibo" que se mantengan esas líneas en España mientras en el norte de Europa se están ya cambiando.

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha criticado las "ocurrencias y chapuzas" del proyecto de este proyecto de ley.

Impulsar la ley de cambio climático era una de las prioridades legislativas del Gobierno tras ganar la moción de censura y uno de puntos incluidos en los acuerdos de presupuestos que alcanzaron recientemente por el Gobierno y Unidos Podemos.

Para impulsar ese proyecto de ley representantes del Ministerio para la Transición Ecológica y del grupo Unidos Podemos constituyeron un grupo de trabajo para avanzar en ese borrador de la ley, pero hoy el diputado de esta formación Rafael Mayoral ha asegurado que desconocían el documento del borrador que se ha dado a conocer.