PSOE y PP alcanzaron un sorprendente, por lo rápido, acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que solo deja satisfechos a los firmantes. Las asociaciones de jueces de todas las sensibilidades coincidieron ayer en criticar el pacto entre ambos partidos por entender que vulnera la potestad de los miembros del Consejo para elegir a su presidente. El acuerdo prevé que, a propuesta del PP, Manuel Marchena, encabece el renovado órgano de gobierno de los jueces, en el que tendrían mayoría los vocales progresistas, once de sus veinte integrantes.
El radical enfrentamiento entre populares y socialistas, agravado por el desalojo de Mariano Rajoy de la presidencia del Ejecutivo con la moción de censura de Pedro Sánchez, no fue obstáculo para que ambas formaciones consensuaran los nombres para renovación del CGPJ antes de que el 4 de diciembre próximo concluya el mandato del órgano que ahora encabeza Carlos Lesmes. La cuestionada ministra de Justicia, Dolores Delgado, y su antecesor, Rafael Catalá, fueron los muñidores del consenso.
Los grupos parlamentarios del PSOE y el PP registraron ayer de forma simultánea en el Congreso y el Senado los nombres de sus ocho candidatos para renovar el Consejo dentro del cupo de juristas de reconocida competencia. Del Congreso saldrán designados José Ricardo de Prada Solaesa, Carmen Sáez Lara, Luis Martín Contreras y José Miguel Castillo Calvín. El Senado elegirá a Manuel Altava, Rosa Rubio Ramos, Pilar Fernández Pérez y Bernardo Fernández Pérez.
El punto más controvertido del acuerdo es la designación de Manuel Marchena, ahora presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, para ponerse al frente del CGPJ, lo que también lleva aparejado la presidencia del Tribunal Supremo. Los jueces consideran que ese pacto vulnera el mecanismo legal de elección, que atribuye a los miembros del Consejo la facultad de designar a su presidente.
Marchena es el candidato propuesto por el PP y se impone al criterio de los socialistas, partidarios de sentar a una mujer en la presidencia del CGPJ. Ana Ferrer, magistrada de Jueces para la Democracia (JpD) era la candidata del PSOE, que, al final, decayó a cambio de garantizar una mayoría progresista en el CGPJ. Los socialistas designarán a siete de los nuevos vocales, Podemos propondrá a otros cuatro y los nueve restantes corresponderán al PP, al renunciar Ciudadanos a sugerir ningún nombre en disconformidad con una fórmula que consagra, en su opinión, la politización de la justicia.
Las mayores críticas al pacto proceden, sin embargo, de los propios jueces. El acuerdo "es aberrante", declaraba a Efe el portavoz de la moderada Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Raimundo Prado. El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Manuel Almenar, mayoritaria y de sesgo conservador, confía en que el anuncio del pacto político "no afecte ni a la apariencia de independencia ni a la credibilidad de la Justicia". El pacto "en nada contribuye a mejorar la imagen de la justicia", apunta el portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Ignacio González Vega. Para el Foro Judicial Independiente resulta "vergonzoso que los partidos políticos troceen y se repartan sin pudor el órgano de gobierno de los jueces". El portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Miguel Pallarés, tachó de "impresentable" el pacto alcanzado entre el PP y el PSOE y afirmó que "pone en evidencia la politización de la justicia" en España.
El pacto que llevará a Marchena a la presidencia del órgano de gobierno de los jueces no satisface a Podemos, cuyo líder se reunió ayer con el presidente Sánchez para conocer con detalle el acuerdo con el PP. Ese entendimiento no supone, según el PSOE, recomponer las relaciones entre el jefe del Ejecutivo y el líder popular, rotas desde que Casado acusase a Sánchez de complicidad con el "golpismo" catalán.
Fuentes de Podemos aseguraron a Efe que votarán en contra del nombramiento de Marchena al frente de la cúpula del poder judicial y que aún están tratando de que el PSOE dé marcha atrás.
El presidente de Ciudadanos, Alberto Rivera, consideró un "escándalo" que el PP y el PSOE hayan negociado "a dedo" el nuevo CGPJ: "El Poder Judicial no es un supermercado", subrayó el líder de la formación naranja, que apuesta por que los propios jueces elijan a los doce vocales de extracción judicial.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, valoró que haya acuerdo para la renovación del CGPJ, a pesar del Parlamento fragmentado de esta legislatura, y que se haga "en tiempo".
