Manuel Marchena, el futuro presidente del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, es un magistrado conservador y buen negociador. Iba a presidir el juicio por el proceso soberanista catalán, pero ahora, si se cumple el acuerdo entre socialistas y populares, asumirá el reto de dirigir el CGPJ en un momento complicado, en el que la gestión del caso del impuesto de las hipotecas deja en entredicho la independencia del máximo tribunal.
Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1959, fiscal desde 1985, Marchena presidió en los últimos cuatro años la Sala de lo Penal del Supremo, la que instruyó y juzgará a partir de enero a los líderes de la intentona secesionista catalana. Bajo su presidencia, la Sala de lo Penal actuó con firmeza, unidad y sin discrepancias en un proceso que instruyó Pablo Llarena, pero en el que el papel de Marchena fue fundamental. Ello le valió ayer las descalificaciones del independentismo, que lo considera el "ideólogo" del proceso contra sus líderes.
El tribunal que habrá de juzgarlos suaviza ahora su perfil bajo la presidencia del moderado Andrés Martínez Arrieta (Logroño, 1955), magistrado de gran experiencia, el más veterano de la sala de los Penal del Supremo. Con 20 años como juez de dicha Sala, el discreto Martínez Arrieta acaparará la atención en cuanto se inicie la vista oral del "procés", que se prolongará varios meses.
En 1998, Martínez Arrieta se convirtió en el miembro más joven de la Sala de lo Penal del alto tribunal, a la que ascendió con 43 años. Desde entonces ha llevado temas de gran relevancia como la ponencia de la sentencia que mantuvo la inhabilitación para el dirigente abertzale Arnaldo Otegi hasta 2021, por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna.
La salida de Marchena también abre la puerta a una séptima integrante del grupo que ha de juzgar a los líderes catalanes, la progresista Susana Polo, lo que configuraría un tribunal aparentemente menos conservador que el inicialmente previsto.
