El Tribunal de Cuentas condenó ayer al expresidente catalán Artur Mas y a los exconsejeros de su Govern Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau a devolver casi 5 millones de euros gastados por la Generalitat en organizar la pseudoconsulta soberanista del 9-N de 2014, una condena que los afectados recurrirán por juzgarla "aberrante", además de un "escarmiento" y un "aviso a navegantes".
El fallo cifra en 4.946.788,16 euros los gastos causados al erario catalán por la organización del proceso participativo. El Tribunal de Cuentas considera responsables contables directos a los citados, así como a Luis Bertran Saura, Josefina Valls, Jaume Domingo Planas, Ignasi Genovès, Jordi Vilajoana y Teresa Prohias.
A Mas se le hace responsable del total de los 4,9 millones y, al resto, se les van imputando importes en función de su papel en el 9-N. Homs debe responder por algo más de 1,9 millones por diversos conceptos, entre ellos la campaña de publicidad institucional, que costó 806.000 euros; Irene Rigau, por 2,8 millones destinados a la compra y traslado de los 7.000 ordenadores empleados en las mesas de votación, y Joana Ortega, por 865.600 euros.
En un comunicado, Mas, Ortega, Homs y Rigau tacharon la sentencia de "aberración jurídica que vulnera la propia jurisprudencia del Tribunal de Cuentas", por lo que presentarán "el correspondiente recurso en la sala de apelaciones" del tribunal.
Para los cuatro condenados, la decisión del tribunal "se encuentra muy lejos de la imparcialidad" y pretende ser, por un lado, "un escarmiento" para todos aquellos que llevaron a cabo el proceso participativo del 9-N y, por otro, "un aviso a navegantes" para futuras ocasiones.
Por otro lado, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, dijo que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, está dispuesto a reunirse con el presidente catalán, Joaquim Torra, el próximo 21 de diciembre en el Palau de la Generalitat, el mismo día en que se celebrará en Barcelona un Consejo de Ministros.
