El independentismo intensifica su presión sobre el Tribunal Supremo a medida que se acerca el momento en que, previsiblemente a comienzos de enero, se sentarán en el banquillo de los acusados, en la vista oral por el proceso secesionista. El Gobierno catalán anunció ayer que presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que investigue si el presidente del alto tribunal, Carlos Lesmes, y el presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, Luis Díez-Picazo, incurrieron en algún delito en su actuación en la sentencia sobre los gastos vinculados a las hipotecas.

La consellera de la Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, anticipó ayer que presentarán denuncia contra Lesmes y Díez-Picazo el martes próximo tras la reunión del ejecutivo catalán. La Fiscalía, según Artadi, está "obligada a investigar" si existe delito en el "cambio de una sentencia firme", al acordar el Supremo que sea el cliente que suscribe la hipoteca quien abone el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, lo que supone revocar la doctrina establecida hace apenas tres semanas, que imponía a la banca el pago del gravamen.

La rectificación se produjo en una "inusual convocatoria de la sala del tribunal" y Artadi considera que hubo una "vulneración de los derechos de toda la ciudadanía", con unos "procedimientos" judiciales que Artadi considera dudosos y unos "posibles intereses particulares" que pudieron influir en la decisión.

Pero fue en un momento posterior cuando la portavoz del Ejecutivo que encabeza Quim Torra mostró la intención del Govern de utilizar la resolución de las hipotecas para intensificar su estrategia de acoso al Supremo por el procesamientos de los líderes independentistas.

La polémica resolución se suma, apuntó Artadi, a otros episodios que demuestran que "la injusticia española es una amenaza para la democracia y el Estado de derecho". Aclaró la consellera de la Presidencia y portavoz del Govern que se refería a la petición de "más de 200 años de cárcel para quienes defienden la democracia", en alusión a los dirigentes independentistas procesados por la consulta ilegal del 1 de octubre del año pasado.

Acusación

Artadi acusó a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, de "dar por culpables", esta semana en el Senado, a los independentistas encausados por el 1-O pese a que aún "no han ido a juicio", e instó a la "segunda" del Ejecutivo de Pedro Sánchez a retractarse porque sus palabras suponen una "clara violación de las directivas europeas".

El vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, se sumó ayer a la presión del independentismo sobre el Supremo a costa de las hipotecas al atribuir al alto tribunal falta de imparcialidad por ceder a las "presiones" de los bancos.

El presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, encarcelado desde hace más de un año y para quien el fiscal pide 17 años de condena por rebelión, es "víctima" del Supremo, según Mauri. El cambio de criterio del tribunal muestra "nuevamente que no hay independencia judicial" en el Estado, según el vicepresidente de Òmnium Cultural.

El expresidente de la Generalitat Artur Mas propone aprovechar el juicio contra dirigentes independentistas en el Tribunal Supremo "para desgastar las estructuras del Estado". Esa sería una de las formas de responde al "abuso" contra Cataluña y sus dirigentes políticos, afirmaba ayer Mas en una entrevista televisiva.

El expresidente considera que el independentismo debe centrarse también en ganar las elecciones municipales de 2019. "Necesitamos alcaldes y alcaldesas que no miren hacia otro lado".

La tercera pata sería intensificar la labor del Govern y demostrar que desde Cataluña se gobierna "mejor que en otros países".