Algunas de las cargas policiales en la jornadas del referéndum ilegal de Cataluña, el 1 de octubre de 2017, fueron desproporcionadas, según la Audiencia de Barcelona, que considera que "hubo excesos policiales en algunos casos concretos".

La Audiencia de Barcelona reabrió la causa por las cargas de la Guardia Civil en Sant Joan de Vilatorrada durante el 1-O. En el escrito de reapertura se critica la actuación policial por considerar que no fue "proporcionada", puesto que estaba destinada a impedir un referéndum que carecía de "consecuencias jurídicas".

El auto apunta a que "hubo excesos policiales en algunos casos concretos", como "uso de porras o defensas golpeando a ciudadanos sin mediar agresión física previa y sin finalidad aparente".

La sección quinta de la Audiencia estima así los recursos presentados por los denunciantes y revoca la decisión del juez de Manresa que rechazó las diligencias de investigación que solicitaban, al considerar que los guardias civiles quedaban exculpados por la eximente de cumplimiento del deber, al atenerse a la orden judicial de impedir la celebración de la consulta.

La resolución cuenta con el voto particular de una de las magistradas de la sala, María Rosa Fernández, que mantiene que los guardias civiles "actuaron en el marco de las órdenes recibidas" y critica que el auto "da la apariencia de posicionamiento sobre la conveniencia general de las intervenciones policiales del día 1 de octubre".

El ponente del auto de la Audiencia es José María Assalit Vives, uno de los magistrados que firmaron en 2013 un manifiesto a favor de una consulta legal de independencia en Cataluña.