El Tribunal Supremo abrió ayer juicio oral contra el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y otros 17 dirigentes secesionistas por declarar unilateralmente la independencia de Cataluña. El tribunal confirma así el cierre de la fase de instrucción que ha dirigido el juez Pablo Llarena, que procesó en julio a los 18 políticos catalanes por los delitos de rebelión, malversación y desobediencia.
La Fiscalía, la Abogacía del Estado y el partido ultraderechista Vox disponen ahora de 5 días para presentar sus escritos de acusación. Después se pronunciarán las defensas de los procesados, incluidos los nueve que están en prisión preventiva acusados de rebelión. La previsión es que el juicio comience el próximo mes de enero.
Además de a Junqueras, la Sala de lo Penal del Supremo sienta en el banquillo a los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila; al expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y al presidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart; y a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, los exmiembros de la Mesa de la Cámara Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Josep Joan Nuet y la exportavoz de la CUP en el Parlament Mireia Boya.
Fuera de la causa quedan el expresidente Artur Mas, la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia Neus Lloveras y la excoordinadora general de PDeCAT Marta Pascal.
De rebelión están acusados los nueve líderes independentistas en prisión preventiva: Junqueras, Rull, Turull, Romeva, Forn, Bassa, Sànchez, Cuixart y Forcadell. De estos nueve, serán juzgados, además, por malversación: Junqueras, Rull, Turull, Romeva, Forn y Bassa.
De malversación y desobediencia están acusados Borràs, Mundó y Vila, y solo de desobediencia: Corominas, Guinó, Simó, Barrufet, Nuet y Boya.
Aparte, la Sala rechazó las más de 300 alegaciones y peticiones de prueba planteadas por las defensas contra el cierre de la instrucción. El Supremo lo hace en la creencia de que "su admisión conduciría, sin duda alguna, a un inadmisible menoscabo del derecho de los inculpados a un proceso sin dilaciones indebidas". Y más, precisa, para quienes llevan un año en prisión preventiva.
El Supremo confirma el juicio por rebelión contra nueve de los 18 encausados un día después de que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, diera a entender que en lo sucedido hace un año en Cataluña no hubo delito de rebelión. "En 1994 -dijo Sánchez desde la tribuna del Congreso- el señor Trillo, entonces diputado, hizo una propuesta de modificación en la que decía que el delito de rebelión, que es inherente a un supuesto golpe de Estado, se tiene que dar por militares y o por civiles armados a la orden de militares". El portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, celebró ayer estas palabras de Sánchez. "Bienvenida sea esa reflexión, en Cataluña no ocurrió nada parecido a eso", dijo. Pero el presidente del partido, David Bonvehí, sentenció: "No es bastante".
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, abundó en la sugerencia de Sánchez: "Lo que podemos llamar golpe de Estado requiere unos instrumentos de fuerza que en cualquier legislación están conectados con las armas". Y abogó por que las leyes de "adecuen" a "las situaciones" en las que ahora "nos movemos". Calvo avanzó que la Abogacía del Estado tendrá listo su escrito de acusación el 2 de noviembre. El PDeCAT ha pedido que rebaje la calificación a sedición.
