La Fiscalía acusará de rebelión a los líderes del "procés", pero en ningún caso, ni siquiera en el del exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras, pedirá la pena máxima prevista en este tipo penal: treinta años de cárcel. Sin embargo, en ausencia de Carles Puigdemont, huido a Bélgica, Junqueras, como segundo de a bordo, se enfrentará a una petición de hasta 25 años.

Todo dependerá de en qué términos dejen establecido el escrito de acusación que ya perfilan los cuatro fiscales del caso. Lo presentarán tan pronto como el instructor, el juez del Supremo Pablo Llarena, dicte la conclusión de sumario y lo eleve a la Sala para su enjuiciamiento. Se prevé que el juicio pueda celebrarse en enero, si bien otros trámites previos, como la vista de previo pronunciamiento en la que se verán las cuestiones previas antes de la vista oral, pueden llegar a retrasarlo, informa "Efe".

Los procesados serán divididos en tres grupos. En el primero estarán los seis exconsejeros por su papel decisorio en la preparación del referéndum ilegal del 1-O. La Fiscalía los acusará de rebelión en su modalidad agravada, es decir, incluyendo la malversación que también se les imputa.

Además de Junqueras, integran este primer grupo Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raúl Romeva y Dolors Bassa, para quienes el Ministerio Público se inclina por pedir penas que no excedan de 20 años.

Un segundo grupo de procesados por rebelión lo formarían los expresidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, el ahora diputado Jordi Sànchez y Jordi Cuixart -que mañana cumplirán un año en prisión-, y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell. A éstos la Fiscalía no se plantea acusarlos también de malversación, lo que se traducirá en peticiones de pena más bajas, oscilando entre los 10 y los 15 años, si bien podrían llegar hasta los 25 años si se les considera jefes.

Solo de malversación se acusará a los exconsejeros Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, que están en libertad.

Antes de conocerse las grandes líneas del escrito de acusación, los abogados defensores de los procesados rechazaron entrar en valoraciones sobre las que califican de "tácticas de distracción" de la Fiscalía y exigieron la "absolución" de sus clientes.

Así, Andreu Van den Eynde, abogado de Junqueras, Romeva y Forcadell, entre otros, se refirió a la posibilidad de que la Fiscalía, en su escrito de conclusiones provisionales, planteara mantener el delito de rebelión para los promotores del referéndum unilateral, pero sin solicitar, como así ha sido, las penas máximas.

Marina Roig, abogada de Cuixart, también desdeñó el hecho de que la Fiscalía no pida la pena máxima por rebelión. "No habiendo fundamento para acusar de un delito de rebelión, que pidan 15 o 25 años realmente nos da bastante igual", dijo la letrada.