El Gobierno de Pedro Sánchez asentó ayer su propósito de resistir hasta tocar el límite de la legislatura al cerrar un acuerdo presupuestario con Podemos. El conjunto de medidas pactadas, entre las que figura elevar el salario mínimo a 900 euros y la ampliación del permiso de paternidad, supone revertir algunos de los ajustes de la crisis. Para el PP, junto con Ciudadanos el más críticos con lo anunciado ayer, el acuerdo de PSOE y Podemos es en realidad "la semilla" de un nuevo descalabro en lo económico.
El acuerdo se cerró pasada la medianoche del miércoles en un encuentro personal entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en la Moncloa. Era la consumación de dos meses de negociaciones cuyo rastro resultaba bien visible en los términos finales. Así, el salario mínimo queda en 900 euros, a medio camino entre los 1.000 euros que proponía la formación morada y los 850 que defendía el Ejecutivo. Algo similar a lo ocurrido con el nivel de renta al que se vincula una nueva subida del IRPF, que se aplicará a quienes perciban más de 130.000 euros anuales, muy por encima de los 60.000 en los que Podemos fijaba el umbral de la actualización impositiva.
Sumar votos
El acuerdo estabiliza a un Ejecutivo que, superados los cien días, ha chocado con muchas dificultades para conseguir que salgan adelante sus iniciativas. Iglesias anticipaba ayer que el conjunto de lo pactado traza las líneas de un acuerdo marco de colaboración para lo que resta de legislatura. Sin embargo, el respaldo de los 151 diputados que suman PSOE y Podemos son insuficientes para sacar adelante las cuentas. Por ello ahora el Gobierno buscará que, sobre esa base, se sumen el resto de los grupos que respaldaron la moción de censura contra Mariano Rajoy. Los soberanistas catalanes anticipan que su voto está condicionado a que se resuelva la situación de los líderes encarcelados. Como argumento disuasorio de esa resistencia, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, aireaba los 2.200 millones que Cataluña recibirá si se aprueban las nuevas cuentas. Por el momento, el Gobierno lo que consigue es cumplir su compromiso de presentar el lunes próximo en Bruselas el proyecto presupuestario para someterlo al control comunitario.
El lunes habrá un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el borrador. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cifraba ayer en 5.678 millones de euros los ingresos adicionales que el Estado obtendrá con los cambios fiscales incluidos en el acuerdo presupuestario. Montero cuantifica en 2.082 millones el coste de las medidas pactadas, aunque matiza que esta cifra se ciñe estrictamente al impacto en el presupuesto del Estado para 2019. Por tanto, no se recoge el incremento de gasto que supondrán para las cuentas de la Seguridad Social, ni tampoco el gasto asociado al aumento de pensiones o de la prestación por paternidad. También quedan fuera de ese cómputo los ingresos derivados de las mayores cotizaciones que supondrá la subida del salario mínimo.
Otras medidas tendrán repercusión presupuestaria en las cuentas de las comunidades autónomas, según la titular de Hacienda. De ahí surgen las discrepancias entre los números de la ministra y las estimaciones de Podemos, que cuantifica en torno a 5.000 millones el gasto añadido y en 7.000 millones los ingresos adicionales derivados del acuerdo. Montero ofrecerá el lunes las cifras globales, incluyendo todas las administraciones públicas, aunque ayer anticipada que "estoy convencida de que las cifras que han barajado se aproximarán a la realidad". Los números se encuentran dentro del margen de los 6.000 millones de incremento del gasto que el Ejecutivo confía en que Bruselas autorice. Sin embargo, en ese frente hay otra brecha política ligada a la modificación de la Ley de Estabilidad, a la que el PP se opone.
"Cumple con el compromiso con ciudadanos y con los socios europeos y consolidación fiscal", aseveró María Jesús Montero, quien afirmó que permiten el "cambio necesario hacia un modelo más competitivo de la economía" y se han elaborado "en defensa de la igualdad", ya que "buscan dignificar a los mayores" con la revalorización de las pensiones y "protegen a los más vulnerables".
