Joaquim Torra dio ayer a Pedro Sánchez un mes para pactar "un modo" de celebrar un referéndum de autodeterminación. En caso contrario, advirtió, "el independentismo no podrá garantizar ningún tipo de estabilidad" al Gobierno en el Congreso. El Ejecutivo rechazó de inmediato el ultimátum. Apenas dos horas después, la portavoz, Isabel Celaá, le respondió: "El presidente de la Generalitat no tiene que esperar al mes de noviembre para conocer nuestra respuesta: la respuesta es autogobierno y no independencia". Y le advirtió: "El Gobierno de España no acepta ultimátums".
En su comparecencia ante los periodistas, Celaá reiteró diagnóstico y receta para solventar la crisis en Cataluña: el autogobierno, que es la "convivencia", no la independencia, que trae consigo la "fractura". Después abundó en la idea: "La solución es diálogo y legalidad". Un diálogo que, a su juicio, ya está teniendo "sus frutos". La portavoz situó la posición del Gobierno en el "amplísimo terreno" para el diálogo que media entre "el abismo" de la independencia y "el 155 perpetuo que quieren imponer" el PP y Ciudadanos.
Celaá reprendió a Torra por el ultimátum al Gobierno y por incitar la víspera a los CDR a presionar más con sus movilizaciones. "El independentismo no debe volver a caminos que llevan a la frustración. El señor Torra se vuelve a equivocar. Ayer (por el lunes) ya se equivocó alentando a los radicales". En vez de eso debe abrir "un diálogo entre nacionalistas y no nacionalistas", porque en Cataluña "sobran gestos y falta responsabilidad".
Dicho lo cual, aseguró que el Gobierno "no va a aplicar el 155 mientras no haya razones evidentes para hacerlo" y esquivó una pregunta relativa a la "cooperación" que Sánchez demanda de sus socios de la moción de censura para no adelantar las elecciones.
Horas antes, al inicio del debate de política general en el Parlament, Torra había sentenciado: "El margen del presidente Sánchez se ha acabado, basta de vaguedades". Y rechazando su oferta de negociar un nuevo estatuto, proclamó que "nunca" renunciará al "mandato" del 1-O, porque el derecho de autodeterminación "es un derecho inalienable del pueblo catalán".
Suspensión
El Parlament decidió ayer que los seis diputados suspendidos por el Supremo conservarán el acta, pero deberán delegar el voto en otro miembro de su Grupo. Hubo dos votaciones. En la primera, exigiéndose mayoría absoluta (68), el Pleno rechazó la suspensión de Puigdemont, Sànchez, Turull, Rull, Junqueras y Romeva con 71 votos (JxC, ERC, CUP y comunes). En la segunda, por mayoría simple -como decidió la Mesa-, JxC, ERC y comunes (con el "no" de la CUP) sumaron 66 apoyos para aprobar la delegación de voto.
