Junts per Catalunya (JxC) y ERC alcanzaron ayer un acuerdo en la Mesa del Parlament para poder reabrir la Cámara la semana que viene, cuando está programado el debate de política general, y, al mismo tiempo, intentar que los seis diputados suspendidos de sus funciones por el juez Llarena tras su procesamiento no pierdan el acta.
La maniobra consiste en trasladar la decisión final al Pleno -en contra de lo establecido por el juez, que instó a la Mesa a hacerlo-, previo paso de la cuestión por la comisión del Estatuto del Diputado, aún no constituida y que será la que establezca cómo cumplir la resolución del Supremo sin vulnerar los derechos de los parlamentarios ni alterar las mayorías.
La suspensión afecta a Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva y Carles Puigdemont. Todos están en prisión salvo el expresidente, que huyó de la justicia.
Entre tanto, el presidente catalán, Joaquim Torra, presentó su plan de gobierno para la XII legislatura con dos puntos destacados: aspira a un mandato completo de cuatro años y a activar un Foro Social, Cívico y Constituyente que sirva para "empezar a sentar las bases de una futura constitución" catalana.
