La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido hoy el decreto que permitirá la exhumación de Franco del Valle de los Caídos porque, a su juicio, no habrá "paz sin justicia" ni tampoco mientras se mantenga la "atroz anomalía" que supone que el dictador esté enterrado junto a sus víctimas.

En su intervención ante el pleno del Congreso que hoy debate la convalidación el decreto que modifica la Ley de Memoria Histórica a fin de exhumar a Franco, Calvo ha insistido en que no habrá "ni paz ni concordia" mientras el dictador continúe enterrado en un "mausoleo de Estado" y en un lugar "en el que puede ser exaltado".

"Teníamos que haberlo resuelto antes pero con la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica en 2007, el retraso es insostenible", ha insistido Calvo, que cree que después de 40 años de democracia esta "anomalía" democrática "requiere un cierre".

La vicepresidenta del Gobierno ha defendido el valor "ético" y "democrático" de esta decisión del Gobierno que cuenta además con todas las garantías del Estado de derecho y con "respeto" a los restos de Franco, que se trasladarán al lugar que designe su familia o, en todo caso, "a un lugar digno".

Votación

El Congreso debate hoy el decreto ley del Gobierno para exhumar los restos de Franco que, salvo imprevistos, saldrá adelante al contar con el respaldo mayoritario de la Cámara, ya que todos los grupos han comprometido su voto a favor, salvo el PP y Cs que se abstendrán.

Pese a este apoyo, la iniciativa del Ejecutivo que modifica la Ley de Memoria Histórica del anterior equipo socialista fue acogida con grandes críticas por parte del PP y de Ciudadanos, que no consideraban ni oportuno ni prioritario retirar el cuerpo del dictador del Valle de los Caídos.

Críticas también, y muy duras, han salido todos estos días de la familia Franco, que, incluso, ha pedido al Defensor del Pueblo que recurra ante el Tribunal Constitucional el decreto ley aprobado por el Gobierno el pasado 24 de agosto al considerarlo ilegal y una "profanación de sepultura".

A estas críticas se han sumado además las de la Fundación Franco, que se dirigió al PP para pedirle que recurra también al alto tribunal la exhumación de Franco y que se oponga a su aprobación en la Cámara.

De acuerdo con las previsiones del Gobierno, el cuerpo de Franco podría ser retirado de la basílica a finales de año y ser el Ejecutivo quien decida donde reposará su cuerpo si la familia no le comunica dónde hacerlo.