El Estado basará la defensa en el proceso por la demanda civil interpuesta en Bélgica por el expresidente catalán Carles Puigdemont contra el juez Pablo Llarena en la falta de competencia de la Justicia belga para dirimir un asunto que afecta a la inmunidad jurisdiccional española. Ayer se celebró la primera vista del procedimiento ante la sala 7 del Tribunal de Primera Instancia del juzgado francófono, en la que la jueza decidió, a petición de la defensa de Llarena, aplazar la audiencia hasta el 25 de septiembre, circunstancia que invita a pensar que el proceso se alargará más de lo esperado.
La vista duró apenas 10 minutos y sirvió de primera toma de contacto entre las partes, ya que no se entró en el fondo de la demanda, sustentada en una supuesta vulneración a la presunción de inocencia por parte del juez del Supremo, por la que Puigdemont y cuatro exconsejeros de su Govern piden un euro de indemnización.
