"No le vamos a facilitar al Gobierno que juegue con los restos, con la momia de mi abuelo (...), tenemos unos derechos como ciudadanos que nos otorga la Constitución y que vamos a llevar hasta el último extremo. Ahora responderemos a las alegaciones a este decreto ley y llegaremos hasta donde haya que llegar". En estos términos reiteraba ayer Francis Franco, nieto del dictador, la intención de la familia de dar la batalla legal contra la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de exhumar los restos de su abuelo del Valle de los Caídos. En la cadena Cope, Franco, que está condenado a treinta meses de cárcel por un intento de atropello a la Guardia Civil, anunciaba la intención de su familia de pedir al Defensor del Pueblo que recurra contra el decreto ley del Gobierno, algo que ellos no pueden hacer en su condición de particulares. Poco más tarde, los siete nietos de Franco presentaron un escrito instando al titular de la institución de defensa de los ciudadanos, Francisco Fernández Marugán, a recurrir ante Constitucional las decisiones del Ejecutivo.
El abogado Felipe Utrera- Molina fue el encargado de elaborar la petición, en la que la familia reitera que la exhumación de los restos del dictador se hace "en contra de la voluntad de sus descendientes". Rechazan también la fórmula elegida por el Gobierno, un decreto ley, que "solo cabe dictar" en los casos de "extraordinaria y urgente necesidad". "No se puede entender en modo alguno que concurra tal presupuesto en el presente caso", por no tratarse de una circunstancia nueva sino de "una situación perfectamente estable y consentida de forma pacífica durante décadas y que no está afectada por ninguna circunstancia que exija una inmediata actuación".
"Las excusas -que no causas justificativas- que esgrime el real decreto ley para amparar su dictado no son en absoluto convincentes ni sostenibles, puesto que las resoluciones e informes en que pretende basarse no exigen, por su propia naturaleza, una actuación urgente e inmediata", señala el escrito de los nietos del dictador al Defensor del Pueblo. Aluden así a la proposición no de ley aprobada por el Congreso en mayo de 2017 que pedía la exhumación de los restos, así como al informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas e involuntarias.
Por decreto ley
Consideran además que la "extralimitación" del Ejecutivo "que supone aprobar por decreto ley lo que debería ser objeto de tramitación parlamentaria plena, no sólo afecta a los intereses particulares" de la familia Franco, sino "al interés general de todos los ciudadanos, que tienen derecho a que sus representantes políticos en el Parlamento participen en la elaboración de las normas legales".
Ha negado que el Valle de los Caídos fuera construido como un mausoleo porque Franco "jamás dijo que quería ser enterrado allí" y fue decisión del Gobierno cuando murió, y se mostró convencido de que si hoy se pudiera preguntar a su abuelo se mostraría dispuesto a la exhumación si sirviera para solucionar alguno de "los problemas que asolan este país".
En cualquier caso, anticipó que si el Gobierno hace efectiva la exhumación le darán "entierro cristiano" y le enterrarán donde consideren oportuno, aunque ha avanzado que la familia no lo ha discutido porque no ve que "haya una inminencia", como plantea el Ejecutivo.
