29 de agosto de 2018
29.08.2018
La crisis catalana

Pedro Sánchez afirma ahora que la defensa de Llarena "es una cuestión de Estado"

Un error de traducción, que no podrá subsanarse hasta la vista previa, tergiversa en la querella de Puigdemont palabras del juez que apoyarían la tesis soberanista de que prejuzga el caso

29.08.2018 | 01:56
Pedro Sánchez, junto al presidente chileno Sebastián Piñera, ayer en Santiago de Chile. // Efe

Después de varios días de titubeos, el presidente Sánchez fijó por fin con claridad la posición del Gobierno sobre la defensa del juez Llarena frente a la querella de Puigdemont en Bruselas al afirmar que su Ejecutivo "desde el primer minuto, ha tenido claro que esta no es una cuestión privada, sino de Estado y que, en consecuencia, el Estado va a actuar en defensa de los intereses y de su soberanía jurisdiccional". El magistrado que instruyó el sumario sobre el proceso soberanista tendrá cobertura legal en esta demanda civil, cuya vista previa está fijada para el martes próximo en la capital belga.

En Santiago de Chile, primera parada de su gira de cinco días por cuatro países latinoamericanos (Chile, Bolivia, Colombia y Costa Rica), en una rueda de prensa junto al presidente Piñera, Sánchez aseguró que "desde el primer momento" el Ejecutivo atendió los requerimientos del Consejo General del Poder Judicial sobre la situación de Llarena ante la demanda de Puigdemont y los cuatro exconsejeros huidos. El jefe del Gobierno niega que hubiera rectificado su posición, pese a que la vicepresidenta Carmen Calvo apuntara el viernes pasado que Llarena no tendría el respaldo del Estado en aquellos aspectos de la demanda que sean privados y no cuestionen su independencia. El criterio ahora es que no se trata de un asunto entre Llarena y los demandantes, por lo que el Estado debe defender su soberanía jurisdiccional, que está siendo cuestionada.

La aclaración del presidente llega cuando el PP ha pedido ya la dimisión de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y prepara su reprobación en el Congreso y Senado, cámara en la que su mayoría absoluta le garantiza el éxito de la iniciativa. La titular de Justicia solicitó ayer la comparecencia en el Congreso para explicar los pasos dados para defender "la soberanía e inmunidad jurisdiccional de los tribunales españoles, tal y como solicitó el Consejo General del Poder Judicial".

En la demanda contra el magistrado del Supremo, Puigdemont y cuatro de los miembros de su Govern que huyeron con él a Bélgica atribuyen a Llarena manifestaciones que, consideran, vulneran su derecho a un juicio justo y su presunción de inocencia. Las palabras del juez en la demanda están tergiversadas, al cambiar un si (condicional) por un sí (afirmación), lo que el abogado que lleva la iniciativa del expresidente catalán atribuyó ayer a un error al traducir el texto del español al francés. En la demanda figuran unas manifestaciones en las que el juez niega que el caso constituya un "delito político" porque "se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal". "Y que, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que eso ha sido así, pues tienen que ser investigados", añadía Llarena. En la versión francesa esta frase se altera y pasa a ser "y sí es lo que se ha producido, hay que hacer una investigación", lo que sostendría la tesis de los demandantes de que el magistrado prejuzga su caso. El abogado de Puigdemont niega intencionalidad y resta relevancia a la tergiversación, que no podrá subsanarse hasta la vista previa ante el juez, el martes próximo en el Tribunal de Primera Instancia francófono de Bruselas. Llarena no acudirá a la vista.

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