El Gobierno anunció ayer que ha puesto en marcha "todos los mecanismos necesarios" para defender la soberanía jurisdiccional española en la demanda presentada en Bélgica contra el juez Pablo Llarena, entre los que se encuentra la contratación de un despacho de abogados de ese país.
El Ejecutivo indicó en un comunicado que ha atendido todas las indicaciones del Consejo General del Poder Judicial "hasta este momento" en relación a la demanda contra el juez del Tribunal Supremo para defender los intereses del país, y que atenderá las peticiones "de salvaguarda de la soberanía jurisdiccional española" que en el futuro pueda realizar el Poder Judicial.
Llarena, instructor de la causa abierta por el "procés", debe comparecer el 4 de septiembre en Bélgica a raíz de la demanda civil presentada allí contra él por el expresidente catalán Carles Puigdemont, que alegó que no respetó su derecho a la presunción de inocencia.
"El Ministerio de Justicia espera que en breve culminen los trámites para la contratación de un despacho de abogados en Bélgica en defensa de los intereses de España, en relación con la demanda presentada contra el juez Llarena", especificó el Gobierno.
