La mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales exigió ayer al Gobierno que asuma ante la justicia belga la defensa del instructor de la causa contra el proceso soberanista, Pablo Llarena. PP y Ciudadanos se sumaron ayer a las muestras de apoyo al magistrado y criticaron la posición del Ejecutivo ante el caso.
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, aseguró que el Ejecutivo defenderá la jurisdicción de España en la demanda civil contra Llarena del expresidente Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros que huyeron con él a Bélgica. Sin embargo, matizó que el amparo legal y el apoyo al juez corresponde al propio Poder Judicial.
En un comunicado conjunto, la Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional Independiente de Fiscales acusan al Ejecutivo de "dejación de funciones". Exigen al Gobierno que asuma la defensa de Llarena ante la justicia belga y aluden al informe de la Abogacía del Estado, que apunta a que en la situación de Llarena "concurrían los requisitos contemplados en la Ley de Asistencia Jurídica al Estado para que España, a través del Ministerio de Justicia, se personase ante los juzgados y tribunales belgas en este asunto".
La Unión Progresista de Fiscales considera que el Estado debe personarse en el procedimiento abierto en Bélgica para defender la inmunidad de jurisdicción de los tribunales españoles.
El presidente del PP, Pablo Casado, solicitó ayer una reunión a las asociaciones de jueces y fiscales para plantear la oposición de su partido a la indefensión de Llarena. "Sánchez abandona a quienes defienden al Estado en Cataluña", escribió en su cuenta Twitter líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
Lazos amarillos
Una militante de Ciudadanos fue agredida ayer en Barcelona mientras retiraba los lazos amarillos con los que el soberanismo reclama la libertad de los políticos encarcelados.
