El Gobierno aprobó ayer el decreto ley que permitirá exhumar del Valle de los Caídos los restos mortales del dictador Francisco Franco, un proceso que el Ejecutivo prevé culminar antes de fin de año y en el que decidirá su nuevo lugar de enterramiento si la familia no lo hace en los plazos que se establecen en el decreto.

El texto, que entrará en vigor mañana tras ser publicado hoy, sábado, en el BOE, consiste en una modificación de la ley de Memoria Histórica de 2007 y deberá ser refrendado por el Congreso. La Cámara tiene un plazo de 30 días para el debate y votación del decreto, que será tramitado como proyecto de ley, y durante ese tiempo se abrirá un diálogo con los grupos parlamentarios para incorporar eventuales aportaciones. Ahí es donde se debatirán peticiones como la de ERC de anular sentencias de tribunales militares franquistas, como la de muerte dictada contra el que fuera presidente de la Generalitat Lluís Companys.

Así lo explicó la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en la que justificó la necesidad de recurrir a un procedimiento de urgencia como es un decreto sosteniendo que ya "no se puede perder ni un solo instante" para la exhumación.

"Vamos tarde", subrayó Calvo, antes de explicar el procedimiento previsto en el decreto, cuyo plazo de caducidad es de doce meses desde su incoación por el Consejo de Ministros el próximo viernes, día 31. Calvo confió en que no se agote ese plazo de un año.

El acuerdo de incoación dará un plazo de quince días a los interesados para que se puedan personar en el procedimiento y para que hagan las alegaciones oportunas. Durante esos quince días los familiares del general Franco podrán comunicar el destino que desean dar a los restos mortales del dictador. De no hacerlo, será entonces el Gobierno socialista quien decida.

Calvo evitó explicar cuál sería el lugar escogido por el Gobierno para la nueva inhumación. La vicepresidenta prefirió mantenerse a la espera de la evolución de los acontecimientos, pero garantizó que el emplazamiento que se designe será "digno y respetuoso" como debe ocurrir, añadió, en un estado "garantista". El Gobierno, explicó Calvo, no ha mantenido contactos directos con la familia y solo tiene conocimiento de su oposición a la exhumación por lo que le trasladan los benedictinos que administran la abadía del Valle de los Caídos.

Respecto a la preceptiva autorización de la Iglesia, la "número dos" del Gobierno sostuvo que los acuerdos con la Santa Sede dan cobertura a las decisiones del gabinete. De hecho, horas después, la Archidiócesis de Madrid corroboró que la Iglesia acatará el mandato legal de la exhumación, recomendó el entendimiento con la familia y expresó su "efectiva disposición para acoger en terreno sagrado los restos mortales de un bautizado".

Por su parte, el portavoz adjunto popular en el Congreso, Guillermo Mariscal, acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de "poner en riesgo" la Transición al "elevar el tono" del debate sobre el franquismo. Mariscal calificó de "desfachatez" el decreto sobre los restos del general Franco por considerar que es un "intento para desviar la atención de la subida de impuestos y no ocuparse de lo que importa".