La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, comparecerá este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para explicar los detalles del Real Decreto-ley que el Ejecutivo aprobará y que dará amparo legal a la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.
El Real Decreto-ley modificará determinados aspectos de la Ley de Memoria Histórica con el objetivo de dar cobertura legal al proceso. La decisión de este viernes abrirá el proceso para desenterrar el féretro del dictador, si bien la exhumación no se hará de manera inmediata.
Una vez que el Real Decreto-ley se publique, previsiblemente el sábado, en el Boletín Oficial del Estado, aún deberá abrirse un procedimiento administrativo a lo largo del cual las partes implicadas --entre ellas la familia del dictador-- podrá presentar alegaciones si así lo desean.
Además, el Gobierno tiene la voluntad de esperar a que el Real Decreto-ley sea convalidado por el Congreso de los Diputados --en el plazo de un mes-- antes de realizar la exhumación de Franco, si bien el Ejecutivo podría actuar sin esperar al aval de la Cámara Baja.
Por todo ello, fuentes del Gobierno estiman que la exhumación de Franco del Valle de los Caídos no podría llevarse a cabo en ningún caso antes del mes de octubre.
La fórmula del decreto ley, es rechazada por el PP y Ciudadanos, que dudan de la urgencia de tener que hacerlo de esta forma, y lo es también por la familia y por la Fundación Francisco Franco, que mantienen que debe permanecer en la tumba actual.
El presidente de la Fundación, Juan Chicharro, ha dicho a EFE que están a la espera del contenido del decreto, aunque ha considerado que "sería una medida inconstitucional y un fraude de ley".
Ha reconocido que, ante un decreto ley, la Fundación "queda ilegitimada para cualquier acción" y ha confiado en que el PP y Ciudadanos "estén a la altura democrática y respondan".
El decreto ley deberá ser convalidado por el Congreso, donde el Gobierno espera poder sacarlo adelante sin problemas, ya que el 11 de mayo de 2017 se ratificó una resolución que instaba al Ejecutivo a exhumar los restos del dictador, con 198 votos a favor y sin que se registrara ningún voto en contra.
