El Gobierno de Melilla calificó ayer de "acto hostil" el cierre de la aduana comercial del puesto fronterizo internacional de Beni Enzar, entre la ciudad y Marruecos, decretado "de manera imprevista y unilateral" por Rabat el 1 de agosto y "anunciado pocos días antes".

Así lo expone su Consejo de Gobierno en una declaración institucional aprobada ayer, que será remitida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y a los portavoces de todos los grupos del Congreso de los Diputados y el Senado.

En la declaración, el Ejecutivo autónomo señala que la medida adoptada por Marruecos impide el despacho aduanero de expediciones comerciales, normalmente en contenedores de mercancías, restringiendo su tránsito a los desembarcados directamente en el puerto de Nador.

"El primer e inmediato efecto" de la medida, añade el Gobierno melillense, ha sido el bloqueo de varios camiones, cargados con mercancías, en la parte marroquí del puesto fronterizo, que llevan "varios días retenidos de manera absolutamente arbitraria por parte de las autoridades marroquíes".

El Grupo Popular en el Congreso anunció ayer que pedirá la comparecencia urgente del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, para que explique lo que calificó de "bofetón diplomático hacia España".