El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió ayer en Palma la presencia del Rey en los actos del aniversario del 17-A -los atentados de hace un año en Barcelona y Cambrils (Tarragona), que causaron 24 muertos y más de 150 heridos- pese a las críticas lanzadas la pasada semana por el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra. En rueda de prensa tras despachar con Felipe VI en el palacio de Marivent, Sánchez puso el acento en pedir que no se olvide cuál es la causa de esos actos y, así, demostrar que "no hay fisura" en la lucha contra el terrorismo ni en el apoyo a las víctimas y sus familiares.

"Tenemos un jefe del Estado que entiende la España plural, que entiende la diversidad del país y que siempre ha tendido puentes con Cataluña", aseguró Sánchez, quien precisó que él no está actuando como "portavoz de nadie. La Casa Real y el jefe del Estado se expresan en sus intervenciones y hay que interpretar sus intervenciones públicas, que creo que son bastante claras", dijo Sánchez.

Respecto a las críticas de Torra, quien advirtió al Rey que "no está invitado", Sánchez dejó claro que acudirán tanto Felipe VI como la Reina y él mismo, así como otros miembros de su Gobierno, en un acto de "normalidad" para mostrar su repulsa por el terrorismo y su solidaridad con las víctimas y las familias.

Sánchez también explicó que informó al Rey de la reunión celebrada la pasada semana por la comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat, tras siete años de inactividad. El presidente del Gobierno detalló que en septiembre comenzarán los trabajos de las diferentes comisiones que se acordó poner en marcha en la reunión, como la de transferencia de competencias, la del estudio de los recursos de inconstitucionalidad, la de políticas del transporte o la de impulso a la inversión en el "corredor mediterráneo".

El líder socialista se refirió igualmente a la reforma de la financiación autonómica, uno de los objetivos que pretende abordar en la actual legislatura, y anunció que "si las comunidades autónomas están dispuestas a llegar a un acuerdo, el Gobierno no será el que diga que no a ese acuerdo".

Con todo, y vistas las dificultades para acometer la reforma, Sánchez explicó que prefiere "centrar el debate en las mejoras que podemos hacer a partir del sistema de financiación autonómica existente". En todo caso, afirmó con rotundidad que el Gobierno "no se va a quedar parado" hasta que no haya un nuevo sistema de financiación autonómica. "Vamos a mejorar las condiciones de financiación de todas y cada una de las comunidades autónomas", dijo.

Entre tanto, el expresidente de la Asamblea Nacional de Cataluña y diputado de JxCat en el Parlament, Jordi Sànchez, en prisión provisional por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, avisó en una entrevista con "el diario.es" que no aceptará "nada más que la retirada de la acusación de rebelión y sedición" en el juicio previsto para este otoño, y que se opondrá a pactar una rebaja de la condena. "No mercadearé con el derecho a la libertad de expresión y de manifestación", remachó.

Sànchez afirmó que, si la Fiscalía General del Estado es "coherente y deontológicamente honesta", debería pedir la retirada del delito de rebelión de la acusación final. "Ha habido más violencia en la huelga de los taxistas en un fin de semana que en todo el 'procés'", resaltó.

Por su parte, el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el exconsejero Raül Romeva expresaron en un artículo publicado en el diario "La Vanguardia" su convencimiento de que no tendrán un juicio justo. Los dos encarcelados pidieron a los ciudadanos que mantengan una "actitud cívica" pase lo que pase.