El vendaval que persigue al presidente del PP, Pablo Casado, por su máster en Derecho Autonómico por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) está lejos de amainar. La jueza que instruye el sumario, Carmen Rodríguez-Medel, estima que la titulación de Casado fue un "regalo académico por su relevancia política e institucional" y, dada su condición de aforado -es diputado por Ávila-, ha pedido al Tribunal Supremo que le investigue por prevaricación administrativa y cohecho impropio.

Casado aprobó el máster en el curso 2008-2009 sin ir a clase y tras cursar solo cuatro de sus 22 asignaturas, gracias a las convalidaciones de otras 18 materias, por lo que solo tuvo que hacer cuatro trabajos de unos 90 folios -calificados con sobresaliente-, que la URJC no encuentra.

Tres compañeras de estudios de Casado ya han sido investigadas (imputadas) por la jueza en la misma pieza, que recoge ya un total de siete imputados. Se trata del exrector Fernando Suárez; el exdirector del ya clausurado Instituyo de Derecho Público de la URJC, Enrique Álvarez Conde; los profesores Pablo Chico y Alicia López de los Mozos, así como las estudiantes María José Cancio, Alida Mas Taberner y María Mateo Feito, las dos últimas exaltos cargos del PP.

La respuesta del Tribunal Supremo a la petición de la jueza sobre si investiga al líder del PP no llegará previsiblemente hasta el próximo mes de septiembre, una vez haya recibido el preceptivo informe de la Fiscalía, que es ahora el siguiente paso. Los delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio podrían costarle a Casado su carrera política puesto que, en caso de una hipotética condena, están penados con una inhabilitación para el desempeño de cargo público de 3 años y medio a 7 años.

Preguntado en Palma de Mallorca, donde despachó con el Rey, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rehusó entrar en la polémica sobre la titulación de Pablo Casado, arguyendo que, en su papel de presidente del Gobierno, no debe calificar ningún proceso judicial y solo debe velar para que todos se lleven a cabo "con las máximas garantías y la máxima normalidad posible". Con todo, Sánchez insistió en que "lo que deben hacer" los políticos implicados en este tipo de casos es dar explicaciones a la ciudadanía. "Ahí me quedo", remachó.