El juez Pablo Llarena, instructor de la causa contra los rectores del procés, optó ayer por rechazar la extradición de Carles Puigdemont por malversación -el único delito por el que accedía a entregarlo el tribunal alemán de Schleswig-Holstein- y retiró las euroórdenes dictadas contra el expresident y los demás fugados: los exconsejeros Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret y la secretaria general de ERC, Marta Rovira. No obstante, ninguno puede pisar suelo español porque sobre los seis pesan órdenes nacionales de detención que Llarena no retira.
La decisión tiene dos consecuencias directas: la primera, que el magistrado les condena a vivir fuera de España hasta que prescriban los delitos por los que les procesó -y el de rebelión no lo hará hasta pasados 20 años-; y la segunda, que Llarena renuncia a juzgarlos, generando un agravio comparativo con los líderes independentistas que no huyeron y están en prisión preventiva.
El juez tenía tres opciones: la que finalmente ha tomado, aceptar la entrega solo por malversación -con lo que Puigdemont habría sido juzgado por un delito de menor gravedad que el resto de sus colaboradores- y plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para resolver sus discrepancias con los jueces de Schleswig-Holstein. Sin embargo, Llarena sostiene que es el tribunal del "land" el que estaba "obligado" a hacer ese movimiento, no el Supremo, para que la resolución que tomase la corte europea fuese vinculante y no consultiva.
El auto del juez del Supremo abunda en reproches y críticas a la Audiencia de Schleswig-Holstein. Críticas que la Fiscalía del Supremo aprovecha para elevar al grado de "intromisión indebida" en un escrito en el que rechaza una nueva solicitud de excarcelación de los políticos soberanistas presos.
Considera Llarena que la corte del "land" ha actuado con "falta de compromiso" ante "unos hechos que pudieran haber quebrantado el orden constitucional español", deteriorado el instrumento de la euroorden y "adelantado un enjuiciamiento". Así, los jueces germanos "no solo cortocircuitan la operatividad del instrumento de cooperación internacional que hemos impulsado (la euroorden), sino que deterioran indebidamente la indiciaria apreciación de responsabilidad que recoge la investigación y un auto firme de procesamiento".
A su juicio, deberían haberse limitado a comprobar si los hechos descritos están contemplados en su legislación y no a "abordar el definitivo juicio de subsunción de los hechos en los tipos penales" y "desde una conclusión cerrada de cómo se desarrollaron los hechos o de cuáles fueron las intenciones que pudieron guiar a los partícipes".
El soberanismo, eufórico, se aprestó a restañar las heridas abiertas por el choque frontal de la víspera entre ERC y JxC. Puigdemont, que ya planea regresar a Bélgica para poner en marcha el Consejo de la República, tuiteó que la retirada de las euroórdenes "demuestra la debilidad inmensa de la causa" y el president Torra lo consideró una "victoria".
