El Gobierno impugnará ante el Tribunal Constitucional (TC) la moción aprobada el jueves por el Parlament para ratificarse en los "objetivos políticos" de la resolución secesionista del 9 de noviembre de 2015, que ya fue suspendida en su día por la corte de garantías. Será la primera vez que el Ejecutivo de Pedro Sánchez acude ante el TC para pedir la anulación de una decisión de la Cámara catalana relacionada con el "procés". La decisión se produce tres días antes de la reunión que Sánchez mantendrá con el presidente catalán, Joaquim Torra, en la Moncloa, este lunes.
La decisión fue anunciada por la ministra portavoz, Isabel Celaá, que precisó que el recurso se presentará tan pronto como el Gobierno reciba el preceptivo informe del Consejo de Estado, que ya ha sido solicitado.
La impugnación, explicó Celaá, se hace "en defensa de la Constitución y del Estatut", y no pretende afectar a la determinación del Gobierno de seguir buscando una salida política al conflicto en Cataluña. En otras palabras, el recurso "va por un itinerario jurídico y la legalidad y la política van por otro". "A nosotros nos corresponde hacer política", subrayó la portavoz.
La moción aprobada el jueves por el Parlament, con los votos a favor de Junts per Catalunya (JxC), ERC y la CUP ratifica los "objetivos políticos" de una resolución anterior de la Cámara autonómica en la que se proclamaba el inicio de un proceso unilateral de creación de una República catalana independiente en el que las instituciones catalanas no "se subordinarían" al resto de las instituciones del Estado, entre ellas el propio Constitucional.
Antes de conocer la respuesta del independentismo al recurso, Celaá dijo que, con independencia de la impugnación, el Ejecutivo mantiene "grandes esperanzas" de que salga bien el encuentro entre Sánchez y Torra.
El Govern, en cambio, lamentó la decisión. "No es una buena noticia a tres días de la reunión", admitieron fuentes del entorno de Torra, que defendieron "la soberanía" del Parlament para aprobar lo que estime oportuno, y argumentaron que en la Cámara debe poder debatirse de todo sin riesgo a que sea impugnado ante el TC.
Además, señalaron que no debería poder "perseguirse objetivos políticos que son democráticos", caso de la independencia, dado que la propia corte de garantías ha considerado en alguna resolución anterior que el derecho de autodeterminación, como "aspiración política", no es contrario al ordenamiento jurídico.
Antes de que el recurso fuera anunciado por Celaá, la portavoz del Govern, Elsa Artadi había dicho que, de producirse, "sería una constatación de que no hay mucha diferencia entre el Gobierno actual y el anterior".
