El Gobierno catalán ya trabaja para proveer a Carles Puigdemont de una escolta y una oficina, parte de las prerrogativas que ayer mismo solicitó al Govern, en su calidad de expresidente de la Generalitat, aunque ahora resida en Alemania, donde está en libertad condicional a la espera de que la justicia germana decida si le extradita a España
La portavoz del Govern, Elsa Artadi, confirmó ayer que Puigdemont ha solicitado todas las prerrogativas que le corresponden por ley, salvo el sueldo, puesto que ya cobra su salario de diputado del Parlament.
La norma que regula el estatuto de los expresidentes catalanes establece que el Govern debe cubrir a cada uno los gastos de una oficina con tres trabajadores y un coche de representación con chófer y escolta. Artadi dijo que la ley no impide que se puedan dar estos servicios en el extranjero y que la "prioridad" es cubrir la seguridad de Puigdemont.
En cuanto a la oficina, explicó que el Govern también trabaja para activarla aunque deja para más adelante la concreción de dónde se ubicará, en un momento en el que Puigdemont no descarta regresar a Bélgica si la justicia alemana no lo extradita.
Por otro lado, Artadi salió al paso de la polémica entre el PDeCAT y ERC por la capitalización del 1-O e indicó que este es "patrimonio de los dos millones de catalanes que participaron", algo que considera que nadie está poniendo en cuestión.
Las diferencias en el seno del soberanismo siguen creciendo. ERC se desmarcó de la propuesta planteada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) de unas "primarias republicanas" en grandes municipios para forzar listas únicas en las municipales del año que viene y recordó que "el voto independentista "se maximiza más con listas separadas".
Sin embargo, Demòcrates, que tiene dos diputados integrados en el Grupo de ERC en el Parlament, sí respalda la iniciativa.
El PDeCAT no se opone a la idea, pero anunció que decidirá según cada municipio.
