Puigdemont y tres diputados presos piden cobrar dietas por desplazamientos

El expresidente catalán Carles Puigdemont, que se encuentra en Berlín a la espera de que los jueces alemanes resuelvan sobre su traslado a España, y los diputados Jordi Sánchez, Josep Rull y Jordi Turull, en prisión preventiva, solicitaron ayer a través de su grupo parlamentario cobrar las dietas por desplazamiento que el reglamento del Parlament establece para sus miembros.

JxCat registró un escrito en el que pide que todos ellos cobren las dietas que corresponden a los diputados por el ejercicio de sus tareas parlamentarias, en función de la distancia entre su lugar de residencia y la cámara catalana. Desde su huida de España, Puigdemont no acudió nunca a la Cámara catalana, como tampoco lo hizo Jordi Sànchez, a quien el juez denegó de forma reiterada sus solicitudes para acudir a las sesiones. En el escrito, firmado por el portavoz de JxCat, Albert Batet, queda constancia que a ninguno de ellos se les abona "parte de los derechos económicos" previstos en el reglamento del Parlament. "Los diputados afectados se encuentran en unas circunstancias extraordinarias y nada justifica su no pago dado el carácter indemnizatorio y la falta de norma o acuerdo que lo excluya", añade JxCat, que alega que en otros casos de ausencia, como por ejemplo por enfermedad, "nunca se ha procedido de forma similar", lo que, según su criterio, supone una "discriminación y diferenciación" de derechos entre diputados. Por ello, JxCat solicita a la Mesa que reconozca el derecho de los diputados a percibir este concepto indemnizatorio y que se haga efectivo por el período en el cual no se les ha efectuado el pago".

"Piden que todos los catalanes paguemos unos supuestos desplazamientos al Parlament que no están haciendo a los que se fugaron de la justicia y dieron un golpe", afirmó ayer la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, para explicar el rechazo de su grupo, el mayor del Parlament al abono de las dietas

El Tribunal Supremo decidió archivar la querella presentada por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, contra el expresidente y la exvicepresidenta del Gobierno, Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, por su negativa a publicar el decreto de nombramiento del Govern del 19 de mayo, en el que figuraban varios exconsejeros presos o huidos de España.